Fuentes del Supremo indicaron este lunes que los magistrados no se han fijado plazos temporales para emitir la sentencia y hay que esperar a que finalicen las deliberaciones, aunque el deseo es que no se superen los dos años de los acusados en prisión preventiva. Según la ley, para los delitos con penas superiores a tres años de cárcel puede decretarse una prisión preventiva máxima de dos años, aunque puede ampliarse hasta un total de cuatro.

En este sentido, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó el 16 de octubre de 2017 prisión sin fianza para Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, acusados de sedición. Posteriormente, el 2 de noviembre, se acordó prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes.

Además, desde el Supremo se indicó este lunes que la sentencia lleva buen ritmo de elaboración, aunque no es descartable que los magistrados que deben pronunciarse dediquen más tiempo a ampliar algunas secciones, según vayan elaborando la resolución.

SIN INTERFERENCIAS POLÍTICAS

En cuanto a si la sentencia se dictará por unanimidad, el Alto Tribunal explica que tanto los magistrados que se encargaron del juicio del ‘procés’, como cualquier otro juez de un órgano colegiado, tiene hasta el mismo momento de la firma de la sentencia para anunciar que emitirá un voto particular. Esto hace imposible adelantar si será unánime el la sentencia.

Asimismo, en cuanto a la forma de notificar la sentencia, el tribunal aún no acordado cómo se hará, aunque parece difícil que se haga una lectura oral, aunque sea de la parte final, debido a la complejidad del asunto tratado.

Al mismo tiempo, el Supremo incidió en que las deliberaciones sobre la sentencia del ‘procés’ se están haciendo sin tener en cuenta ningún elemento político, ya que los magistrados entienden que esto dañaría la credibilidad de lo que decidan los jueces.