“Pocas materias como la corrupción reflejan el grado de sintonía compartida entre la ciudadanía y el Ministerio Fiscal”, afirmó Segarra tras defender una lucha “enérgica” contra la corrupción.

Durante el 2018, la intervención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha visto incrementada en los procedimientos judiciales en trámite, que han pasado de 609 a 678.

Esto ha sido motivado, fundamentalmente, por la apertura de piezas separadas con las que se pretende “simplificar y agilizar” unas investigaciones en las que, en muchas ocasiones, apuntó, se conectan de forma indisoluble la delincuencia económica, la criminalidad organizada y la corrupción política.

Un combate más eficaz, subrayó, exigiría una reforma “en profundidad” de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos, a fin de ampliar los supuestos para su aplicación, concretar las medidas que garanticen su indemnidad y centralizar su gestión.

Del mismo modo, se hacen necesarias, agregó, reformas sustantivas y procesales para la exigencia de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, que facilite la persecución de los ilícitos relacionados con el gasto publico incontrolado.