Así lo asegura la Fiscalía en su Memoria de 2019, que este lunes se hizo pública con motivo de la apertura del Año Judicial, que se escenificó en un acto en el Tribunal Supremo presidido por el Rey y en el que intervinieron el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Durante este acto, Segarra hizo un repaso de los elementos contenidos en la Memoria de su institución, que recoge las actuaciones más destacadas de la Fiscalía durante 2018 y donde esta institución analiza también la realidad judicial, social y delincuencial de España.

En este resumen de la actuación del Ministerio Público se alude a que la llamada “causa del procés” fue su “actividad más trascendente” durante el pasado año, debido tanto a su gravedad como a la carga de trabajo que supuso, ya que, además de en la vía penal, el “movimiento secesionista” ha provocado una “considerable litigiosidad” en el ámbito contencioso-administrativo.

MOSSOS Y “ACCIÓN TUMULTURARIA”

La institución que dirige Segarra se refiere a la cuestión del ‘procés’ en varias partes de su Memoria de 2019. Así alude al mismo en la ‘Introducción’, en el apartado de ‘Sección de lo Penal’, en la de ‘Delitos contra la forma de Gobierno’ y en el ‘Área Contencioso-Administrativa’.

En la ‘Introducción’, la Fiscalía defiende la posición que mantuvo en el juicio del ‘procés’ en el Supremo y señala que “desde el más escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia y tras una valoración estrictamente jurídica sobre el material recopilado en la fase de instrucción” decidió acusar a los procesados de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en función del tipo de participación de cada uno de los procesados en ambas causas.

El Ministerio Público sostiene que Oriol Junqueras y los otros procesados protagonizaron unos hechos de “extraordinaria gravedad”, ya que se trató de “una actuación coordinada de diversos responsables públicos en distintos ámbitos políticos y sociales que, mediante una estructura normativa paralela, tenía como objetivo último la declaración de independencia y la segregación de una parte del territorio nacional, al margen de toda legalidad”.

“Ese proyecto contemplaba”, sostiene la Fiscalía, “la utilización de todos los medios precisos para alcanzar el fin pretendido, incluyendo la violencia necesaria para doblegar al Estado mediante la promoción de la actuación tumultuaria de la movilización ciudadana y el uso de su propio cuerpo policial armado, los Mossos d´Esquadra”.

“JARRÓN ROTO” DE LA CONVIVENCIA

En el apartado de la ‘Sección de lo Penal’, la Fiscalía afirma que “los acusados dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia –a la que denominaron ‘el procés’– perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional, con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo estado con forma de república, segregándola así del Reino de España".

En este contexto, el Ministerio Público reitera el planteamiento que hizo en el juicio del `procés’, en el sentido de que los acusados “se valieron de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, de la utilización de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos, aproximadamente, que acataba exclusivamente sus instrucciones y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

Al mismo tiempo, la Memoria incluye cómo la Fiscal Provincial de Barcelona ha trasladado a sus superiores su inquietud por “el preocupante grado de penetración que alcanza el conflicto soberanista” en Cataluña. Esta fiscalía, alude, en concreto a cómo la “instrumentalización” de los colegios profesionales con fines independentistas es “uno de los trozos en que se ha roto el frágil jarrón de las relaciones sociales”.

En esta línea, en otra parte de la Memoria se alude a que los fiscales de Cataluña han trasladado a su institución cómo se ha producido “un incremento de procedimientos judiciales motivados, entre otras razones, por el incremento de denuncias por hechos delictivos cometidos en el contexto de las tensiones sociales y políticas consecuencia de la elevada polarización que está sufriendo la sociedad catalana, especialmente desde el mes de septiembre de 2017”.