Así lo denunció la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT a través de un comunicado en el que precisó que esta situación de parálisis “genera inseguridad e incertidumbre” en los centros escolares.

La organización sindical insistió en la urgencia de implementar medidas que conviertan a la educación en una “prioridad de Estado” y advirtió de que no se puede “perder de nuevo” un curso sin un calendario de negociación para “restaurar” el diálogo social.

Junto a ello, estimó “urgente” la formación de un Gobierno “progresista” que, exigió, “impulse y promueva las medidas necesarias para abordar los problemas reales" del sistema educativo.

UGT lamentó que la “inestabilidad política” haya “mermado” cualquier negociación respecto a su exigencia de articular medidas que permitan “paliar” los efectos de la Lomce en tanto se deroga y de otras que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de enseñanza.

El sindicato instó a las administraciones educativas a solucionar problemas como la disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, la falta de inversión en infraestructuras y material escolar, el retraso en la cobertura de las sustituciones o los recortes de proyectos de atención a la diversidad.

Además, consideró “preocupante” el “alto número” de profesores interinos y la “precariedad” de su trabajo y denunció que a pesar de las amplias ofertas de Empleo Público docente, las plazas convocadas “siguen siendo insuficientes”.

FeSP-UGT valoró que el Gobierno haya convocado la mesa sectorial de la Enseñanza Concertada tras siete años y subrayó la conveniencia de que aborde aspectos “importantes” como la homologación, las plantillas de los centros, el pago delegado para todos los trabajadores o medidas que favorezcan la jubilación parcial.