Fuentes jurídicas informaron de que la detención tuvo lugar a las 08.30 horas y señalaron que el exministro comparecerá en las horas siguientes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, a quien ha correspondido la causa por reparto.

Las fuentes consultadas señalaron que la competencia de la Audiencia Nacional en el caso no viene determinada por la jurisdicción universal sino en virtud del artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que capacita a este órgano jurídico para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero. Vielman tiene la nacionalidad española.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza presentó este miércoles una querella contra Vielman y solicitó su detención. La querella fue presentada después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidiese el pasado 23 de noviembre dejar en libertad al ex ministro debido a que las autoridades judiciales de Guatemala no formalizaron la demanda de extradición en el plazo de 40 días que marca el convenio suscrito entre los dos países.

La no formalización de la demanda se debió a que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió a Vielman amparó provisional frente a la extradición solicitada a España.

Ante esta circunstancia, el juez Pedraz se vio obligado a dejar en libertad al exministro del Interior a pesar de que el pasado 14 de octubre ordenó su ingreso en prisión preventiva.

ASESINATO DE PRESOS

Vielman fue detenido el 13 de octubre por la Policía Nacional en Madrid en virtud de las órdenes de busca y captura emitidas contra él por las autoridades guatemaltecas.

Guatemala emitió el pasado 10 de agosto órdenes de captura contra 16 personas entre las que se encuentran, además de Vielman , el líder opositor Alejandro Giammatei, el antiguo fiscal general de Guatemala Juan Luis Florido, el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen y el exsubdirector de Investigación Criminal Javier Figueroa.

Vielman y los demás reclamados están acusados de delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita por haber participado presuntamente en la estructura criminal que operó desde el Ministerio de Gobernación (Interior) durante el gobierno del presidente Óscar Berger, entre los años 2004 y 2007.

El grupo habría ordenado y llevado a cabo el asesinato de siete reclusos el 25 de septiembre de 2006 en la cárcel de El Pavón. Con esta acción, los reclamados pretendían recuperar el control del centro penitenciario, que se encontraba bajo control de los reclusos tras un motín.