Así lo dijo la portavoz del Grupo Socialista Patricia Blanquer en la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados en la que aseguró que Montero comparecerá pero incidió en que la legislación no faculta al Gobierno en funciones para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en este marco, el primer paso para elaborar unas nuevas cuentas públicas es la fijación del límite de gasto no financiero o techo de gasto.

El Grupo Parlamentario Popular y el Mixto habían pedido que Montero compareciera en comisión para informar del incumplimiento de las previsiones contenidas en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera respecto al establecimiento del techo de gasto para 2020, y sus repercusiones sobre la actividad financiera de las administraciones públicas.

El artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el Ministerio de Hacienda debe informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el techo de gasto antes del 1 de agosto.

Asimismo, el artículo 15 de la misma ley fija que el Gobierno debe aprobar en el primer semestre del año, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, los objetivos de estabilidad presupuestaria, esto es, de déficit y deuda, así como el techo de gasto, y que para ello debe remitir las respectivas propuestas al Consejo de Política Fiscal Financiera antes del 1 de abril.

De esta forma, la situación política de los últimos meses, con la disolución de las Cámaras en el mes de febrero y el Gobierno en funciones desde la celebración de las elecciones generales el 28 de abril, ha dado lugar a que ninguno de estos plazos y requisitos haya sido cumplido por parte del Ejecutivo.

Blanquer afirmó, ante las críticas de algunos grupos, que “no se está chantajeando a nadie” al no presentar el techo de gasto, sino que “estamos con un Gobierno que no tiene todas sus capacidades”. “La realidad es que las dificultades con las que se encuentran hoy las comunidades autónomas tienen su origen en tener un presupuesto prorrogado”, dijo la diputada socialista, quien calificó de “actuación vergonzante” los votos en contra del proyecto de Presupuestos para 2019 presentado por el Gobierno, ahora en funciones.

Blanquer aprovechó para pedir a los grupos que faciliten la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno “si realmente los miembros de esta Cámara, lo que quieren es acabar con la situación de asfixia para las administraciones públicas”.

Por parte del PP, el portavoz Mario Garcés criticó que el Gobierno socialista “ha incurrido en cuatro grandes paradojas”. En concreto, señaló que el Ejecutivo está gobernando con un presupuesto del PP que “el PSOE se dedicó a criticar”, que “se han saltado toda la disciplina parlamentaria aprobando los decretos leyes famosos de los viernes sociales”, que en 2001 votaron en contra de la estabilidad presupuestaria y en 2011 lo hicieron a favor, y que está provocando una “doble parálisis” para el Estado y para las comunidades autónomas.

Desde Ciudadanos, Marcos de Quinto lamentó que “España está bloqueada por la incapacidad del señor Sánchez por llegar a acuerdos con nadie” y pidió al PSOE que “por un mínimo sentido de Estado, que no arrastren ustedes a España” a ese bloqueo.

Por Unidas Podemos, Alberto Garzón también lanzó críticas al PSOE porque “parece estar manteniendo la misma lógica económica del PP” tras “muchos meses después” de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

En las filas de Vox, el portavoz José María Figaredo añadió que “no se nos da una explicación racional” respecto a los incumplimientos formales de plazos que se han producido con el techo de gasto, y criticó que los gobiernos “sistemáticamente operen en déficit” y se puedan endeudar cuando los hogares o las empresas “se ven obligados a trabajar con un presupuesto cerrado”.

Desde otros grupos más minoritarios, el PNV recordó a los que argumentaban que las regiones no podían elaborar presupuestos por no contar con un nuevo techo de gasto que Andalucía ha aprobado su presupuesto, y la diputada de Junts Per Catalunya (JxP) Laura Borrás recordó que la Generalitat de Cataluña llevará al Estado a los tribunales por no pagar los anticipos derivados de la financiación autonómica y aprovechó para acusar al Ejecutivo de Sánchez de “chantaje” por pretender “comprar la investidura” teniendo como “rehenes” a las comunidades autónomas.