La portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, sostienen en un comunicado que el libramiento de los fondos para las regiones “no puede quedar reducido a una facultad discrecional del Estado, sino que constituye un deber para el Estado de cumplimiento obligatorio y un derecho para las comunidades autónomas de directa exigibilidad”.

Consideraron que la conducta del Gobierno supone “un desistimiento irresponsable de sus obligaciones de dotar de recursos necesarios a las comunidades autónomas, abocando a estas a una situación insostenible”.

A juicio del PP, “la parálisis del Gobierno está provocando un enquistamiento alarmante en los presupuestos de las comunidades autónomas, que inevitablemente acabará trasladándose a los ciudadanos en cada territorio”.

Además, destacaron que las desviaciones en el presupuesto de gastos producidas por la aprobación de “determinadas normas” está “desestabilizando” la previsión de cumplimiento del objetivo de déficit del Estado, “trasladando el problema imprudentemente a través de la inejecución presupuestaria a las comunidades autónomas”.

“Su incapacidad declarada para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, como resultado de unas políticas fiscales indisciplinadas, no puede repercutirse a aquellas administraciones que se comportan con diligencia y responsabilidad”, aseveraron.