El portavoz de ERC en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Joan Tardá, defendió su iniciativa inicial, que proponía sin más regular la ampliación de este derecho, por la necesidad de "acabar con los agravios", que perjudican a la mujer.

Además, señaló, ante la comisión, es una "medida de inversión social, que apenas tiene coste económico y, sin embargo, tiene muchos beneficios".

Ante las resistencias del PSOE, Tardá acabó aceptando una enmienda transaccional que también fue suscrita por el PP. El nuevo texto contempla la elaboración de un informe sobre el impacto de la medida que deberá ser trasladado a la Comisión de Trabajo y a la del Pacto de Toledo en el oplazo de seis meses.

Ese informe deberá especificar las modificaciones legislativas oportunas para ampliar a los 12 años la edad mínima que permite a los padres acogerse a la reducción de jornada, igualando así los derechos generales de los trabajadores a lo que ya está estipulado para los funcionarios.

En nombre del PSOE, Miguel Tabuyo, explicó que el 95% de las personas que piden excedencia para cuidado de hijos son mujeres, mientras que el 96% de las que dejan de trabajar para atender a sus familias también lo son.

Sin embargo, justificó la prudencia de su posición en que "la situación económica es delicada y hay que preservar el equilibrio entre las partes afectadas".

La diputada de PP Lourdes Méndez consideró "oportuna" esta iniciativa, y se remitió a los datos del último informe sobre la infancia en España, que dice que hay 120.000 niños que se siente solos por largas jornadas laborales de sus padres.

Méndez recordó que ésta es una promesa electoral del presidente del Gobierno, que apenas repercute en incremento gasto, fomenta la creación de empleo a tiempo parcial, favorece conciliación, evita el fracaso escolar y mejora la natalidad.