Con este operativo, que se inició el pasado domingo, el Gobierno cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2017, que obligaba al Ayuntamiento de Lucena a la inutilización de estos sondeos y, en caso de no ejecutarse, al cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca.

Los trabajos continuarán durante los próximos días con el cierre del resto de pozos ilegalizados por la Justicia y el sellado de dos balsas de acopio y distribución. El dictamen, contra el que no cabe recurso, supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013 tras una denuncia de la Guardia Civil, que motivó un expediente de infracción resuelto por el organismo de cuenca desde 2014.

En la sentencia, el TSJA constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta de Andalucía. El fallo judicial también evidenció que estos sondeos se ejecutaron sin la concesión de la CHG para la captación de sus aguas.

El Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía, aprobado en 2014, ordena el territorio y determina una superficie regable de más de 9.000 hectáreas, de las que aproximadamente 6.100 se encuentran en la cuenca del Guadalquivir. Estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas puestos en riego antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad agrícola, o bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego.

El suelo agrícola regable localizado en el municipio lucenero es de 707 hectáreas, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la primavera de 2019, este organismo detectó, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero. De ellas, prácticamente la mitad se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR), según el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía.

DERECHOS DE RIEGO

De forma paralela, la Confederación informó de que ya trabaja en la regularización de los derechos de riego de un “importante número de comuneros agrupados en dos grandes comunidades de regantes”.

Por un lado, con la Comunidad de Regantes del Condado, que aúna la mayor superficie de SAR en proceso de regularización, con la que la CHG está trabajando para agilizar la concesión para sus 1.600 hectáreas amparadas por el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía, que se distribuye entre Bonares, Lucena del Puerto, Rociana y Almonte.