Por un lado, presentaron en el registro del Congreso una proposición de ley para la modificación del artículo 80 de la Ley de Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, para que se contemple el reconocimiento, “a todos los efectos legales”, de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios de prisiones, de forma que si se cometiera contra ellos un atentado en el ejercicio de sus funciones, la consideración penal del acto sería de atentado contra la autoridad.

Además, en la iniciativa se contempla la selección y promoción profesional de los funcionarios de prisiones de acuerdo al Estatuto de la Función Pública y se reclama, para los procedimientos penales seguidos contra funcionarios de prisiones, que quede garantizada, a fin de salvaguardar su integridad física, su separación del resto de reclusos en caso de detención o de ingreso en prisión.

Por otro lado, ha presentado una proposición no de ley por la que se insta al Ejecutivo a realizar una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años “con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años”.

En ella, se insta también a la actualización “del Complemento Específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios para todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado”, y a la creación de una “Academia de Estudios Penitenciarios, de forma que sea requisito básico haber recibido formación en ella para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados”.

Olona, acompañada del diputado y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, destacó que “no es nuevo” el apoyo de Vox a este colectivo, que está “sufriendo injustas actuaciones” por parte del Ministerio del Interior, y que desde su partido buscan que los funcionarios de prisiones tengan una “situación diferenciada” con respecto al resto de funcionarios de la Administración de Estado.

Smith advirtió de que “ha empezado una lucha por lograr que sea un gran cuerpo de funcionarios”, después de que hayan “sido olvidados por todos”.

Según los datos facilitados por Vox, los funcionarios de prisiones -23.000 en toda España- constituyen un grupo laboral en “clara situación de precariedad”, donde un 75% de la plantilla tiene más de 40 años y de ese porcentaje el 40% iguala o supera los 50 años. Además, la formación que lidera Santiago Abascal sostiene que hay una muy baja tasa de reposición entre los funcionarios de prisiones en los últimos nueve años, con una única incorporación por cada tres jubilaciones, lo que lleva a un ratio de dos funcionarios por cada 140 internos.