En declaraciones a Servimedia, Silva puso de relieve que un fiscal tiene que "apoyar a las víctimas judicialmente", por lo que urgió a la Audiencia a "investigar estos crímenes". Proponer la creación de una oficina administrativa es, puntualizó, función de un ministro o un técnico de un Ministerio. Un fiscal lo que tiene que hacer es decir si la Audiencia Nacional es competente o no, precisó, y en los casos de secuestro sin duda lo es.

El presidente de la ARMH recalcó que estos crímenes "no han prescrito", porque "los secuestrados siguen secuestrados a día de hoy" y hay "miles" de personas que siguen sin conocer a sus madres y cientos de madres denunciando que sus bebés fueron robados por el franquismo, con la falsa excusa de su muerte, y entregados a familias afines al régimen. "Es alucinante que los delitos permanentes en España son delitos prescritos si los cometió la dictadura franquista", enfatizó.

Según Silva, desde que las asociaciones de memoria histórica denunciaron los primeros casos de estos robos de bebés, Zaragoza "no ha dejado de hacer labores políticas" para quitarse "de encima" el caso "aludiendo a dificultades técnico-legales" y rehuyendo así las complicaciones y el mandato constitucional que le encomienda la tutela judicial de las víctimas de delitos. "Que con un delito tan grave como un robo de un bebé se le mande a alguien a una oficina administrativa", se horrorizó, "es para que este hombre deje la justicia".

El portavoz de ARMH sugirió que parte de la supuesta inhibición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional puede deberse a que "esto afecta a familias muy poderosas", que gracias a su influencia consiguieron bebés de presas, madres solteras marginadas y en los años 70 incluso prostitutas, en lo que considera que fue un lucrativo negocio para el régimen.

"Basta ya de proteger al franquismo. Los familiares de las víctimas del franquismo no tienen derecho a la justicia", lamentó, para terminar sentenciando: "Vivimos en un país que es impermeable al Derecho Internacional".