El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de inmigración ilegal. El juicio comenzará en la Audiencia de Madrid el lunes.

El acusado, también conocido como `Osayende´, se dedicaba a captar jóvenes nigerianas para traerlas con documentación falsa a varios países de Europa incluido España con el objetivo de que se dedicaran a la prostitución.

Según la Fiscalía, Omogiate se aprovechaba de la “inmadurez” y “precariedad” económica de sus víctimas, a las que realizaba falsas promesas de matrimonio hasta que llegaban a Europa donde bajo un estado de intimidación “constante” les obligaba a prostituirse quedándose con todo el dinero que recibían por dicha actividad. Hasta les sometía a ritos de vudú, de fuerte arraigo en su país, “que generaba en las jóvenes un estado de intenso temor y les hacía sentirse vinculadas a los procesados para no sufrir las consecuencias de los rituales”.

A principios de 2016 el grupo del que formaba parte el acusado convenció a una joven para viajar hasta Bélgica y contraer matrimonio con un hombre blanco y rico. La víctima accedió. En el aeropuerto de Lagos le entregaron la documentación necesaria para viajar, mil euros y el billete de avión con destino Atenas. De allí partió a Madrid donde llegó el 10 de julio.

La joven fue llevada por el acusado a un piso de Fuenlabrada donde le quitaron el dinero que le quedaba y le informaron de que el matrimonio con el hombre blanco y rico no se iba a celebrar. Por ello, le pidieron que buscara una persona que la comprara para hacerse cargo de su deuda. Finalmente, lo hizo una mujer llamada M. por 55.000 euros.

Mientras, la víctima fue trasladada a Villaverde Alto donde una mujer le indicó que tenía que ejercer la prostitución para pagar su deuda. Le explicó dónde debía colocarse, el horario (de ocho de la mañana a ocho de la noche) y el sueldo (de diez a veinte euros, según el servicio). La joven podía ganar unos 1.600 euros semanales que destinaba a pagar la deuda “ficticia” contraída, más 200 euros por el alquiler de la habitación y otros 30 euros en concepto de manutención. Y así hasta el 5 de agosto de 2016 en que fue liberada por la Policía.