Lo dijo este miércoles durante la exposición de sus conclusiones finales ante la sala del Tribunal Supremo que juzga el ‘procés’. La abogada del líder de Ómnium Cultural reprochó al Ministerio Público que definiese el otoño de 2017 en Cataluña como “periodo insurreccional”, ya que según la letrada esto “parte de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido y a la prueba”.

“La criminalización de la participación colectiva no puede entenderse como defensa de la democracia”, aseguró Roig, quien hizo una amplia exposición sobre el derecho de manifestación como derecho fundamental. “La apelación a la protección de la unidad de España no puede enturbiar ningún derecho fundamental”, dijo. Como aseguró, “manifestarse es el ejercicio positivo de los derechos, pero para otros es un desafío a la autoridad”.

Asimismo, apuntó que los acusados “no deben ser considerados responsables del comportamiento ilícito de otras personas”, en referencia a los hechos ocurridos el 20-S frente a la Conselleria de Economía. La letrada de Cuixart recordó, además, que los Mossos enviaron un área de mediación a la concentración. Sin embargo, "la Guardia Civil desconocía por completo la existencia de este área; por descontado, no entendienton que entrara Sánchez a la conselleria y que tuviera interlocución con los Mossos, una desconfianza que se tradujo en una mala interpretación de los agentes" y una "falta de entendimiento absoluto por parte de la Guardia Civil de que debía mantener una interlocución con los organizadores", pues si los Mossos disolvían la concentración "corrían el riesgo de incrementar la tensión", expuso.

Entre el 19 y el 20 de septiembre de 2017, explicó, “se practicaron 42 diligencias de entrada y registro y se detuvo a 16 altos cargos; todos los registros se llevaron a cabo en su integridad, se intervinieron efectos. Todo ello se produjo sin que se impidiera estas actuaciones”, pese a las protestas de la ciudadanía producto de un “escenario conflictivo político”.

Así, continuó, “no hubo quema de contenedores, manifestantes con el rostro tapado atacando a los agentes, intentos de impedir los registros…”, aunque reconoció que “hubo incidentes puntuales” como sentadas y forcejeos; “un ejercicio legítimo del derecho de reunión por parte de la ciudadanía”, consideró.

"CONFLICTO POLÍTICO"

Durante el 20-S y 1-O, comentó la abogada, Cuixart insistió “siempre” en que la concentración tuviera un carácter “pacífico” y llamó a la “calma”. “Es irrelevante que el 20-S se subiera al coche y utilizara palabras como ‘desde este altar majestuoso’, ya que intentaba que la gente se marchara a su casa”, agregó.

Además, criticó los vídeos aportados por la Fiscalía sobre los supuestos actos de “acoso y de violencia” en las concentraciones del 20 y 21 de septiembre y 2 y 3 de octubre frente a los cuarteles de la Guardia Civil y las sedes donde se practicaban los registros. Las imágenes aportadas por el Ministerio Público están “todas amparadas en el derecho de reunión”, aseguró, y apuntó, sobre los vídeos de cortes de carreteras, que no correspondían al día indicado por la Fiscalía.

“No podemos hablar de violencia en los términos de un delito de rebelión”, afirmó. “No estamos minorando los hechos, estamos intentando situarlos en su justo término”, resaltó, tras recordar la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein que rechazó al entrega a España de Carles Puigdemont.

Para Roig, “la ciudadanía catalana salió a la calle” ante un "conflicto político" entre España y Cataluña y “criminalizar” esta actuación puede tener consecuencias “nefastas” para este derecho en España. Como ya hizo Cuixart al inicio del juicio, defendió la movilización del 1-O como “el ejercicio de desobediencia más grande de Europa”. “Los vídeos acreditan lo que sucedió y contradicen, en muchos casos, lo que dicen los agentes”, aseguró. “En muchos colegios cargaron contra la gente que estaba en una actitud no violenta”.

“No es posible sostener la violencia” para poner en “jaque” el sistema constitucional, destacó la letrada. “Hubo 1.000 heridos” y un uso “desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos”, así como “incidentes aislados”, reconoció, en algunos centros de votación, que, a su juicio, no pueden sostener el delito de rebelión o de sedición. De esta manera concluyó la letrada, solicitando la absolución del líder de Òmnium Cultural, en prisión desde octubre de 2017.