A su juicio, han sido “pocos” los avances para la clarificación de lo ocurrido durante los dos años transcurridos, ya que ni siquiera se ha empezado a tomar declaración a los imputados, y “cuanto más tiempo pase más difícil será darle una solución razonable a los 300.000 afectados”.

La asociación, que actúa en el proceso como acusación particular de 934 socios afectados, atribuye la lentitud del proceso de instrucción a una legislación procesal “antigua” y que “no ha ofrecido soluciones a los grandes fraudes masivos en España como Forum y Afinsa”.

En su opinión, el proceso se ha retrasado también por el cambio de magistrado encargado de la instrucción, ya que el juez Calama sustituyó a Andreu, y la presentación de 104 acusaciones que el magistrado redujo a 10 para agilizar el procedimiento.

Adicae se querelló en 2017 contra el Banco Popular (que hoy ya no existe) y todos los miembros del Consejo de Administración, tanto del periodo de Ángel Ron como de Emilio Saracho, incluyendo a ambos.

Les imputaba en su querella delitos de estafa a inversores, falsedad de cuentas, contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Más allá del trámite judicial en España, Adicae denuncia que el Popular fue el “conejillo de indias” para estrenar la Junta Europea de Resolución (JUR), cuya decisión perjudicó a los pequeños ahorradores, motivando la primera demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra dicho organismo.