La Asociación de la Memoria Histórica considera una “debilidad democrática” que el Supremo paralice la exhumación
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, considera que la paralización de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco por parte del Tribunal Supremo es una “muestra de debilidad democrática”.
Así lo indicó en declaraciones a Servimedia, en las que lamentó el hecho de que un Gobierno “no pueda tomar libremente una decisión como esa y disponer de los restos del dictador donde crea oportuno”.
En este sentido, estimó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha actuado “con cierta debilidad, con excesiva cautela y con demasiadas prevenciones”, por lo que demandó que ejecute la decisión que ha tomado y que la lleve a cabo.
Silva lamentó que la decisión del Supremo “prioriza los derechos de la familia Franco sobre los derechos de las víctimas de la dictadura”. Por ello, continuó, “podemos considerar una agresión a las víctimas pagarle la tumba al responsable del daño que se les ha cometido”.
El presidente de la ARMH tildó de “acto coherente” por parte del Tribunal Supremo dicha decisión, porque el poder judicial español “jamás ha investigado ninguna de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, jamás ha reparado a una víctima y jamás ha condenado a un victimario”.
En este sentido, incidió en que “forma parte de un ejercicio de coherencia por parte del poder judicial, lo que no quita para que el Gobierno haya podido tomar esa decisión y llevar a cabo la retirada de ese cuerpo como poder ejecutivo, haciendo un edicto dando un plazo de 15 días y ejecutándolo, como se hace con otras medidas por parte de los gobiernos”.
“Es así de frágil el poder ejecutivo que no puede o no quiere o no tiene la voluntad política suficiente como para enfrentarse a esa situación y resolverla”, lamentó Silva. A este respecto, recordó cuando se quitó la estatua de Franco en 2006 en Nuevos Ministerios y luego la familia denunció, pero “la estatua ya no estaba allí y se quedó donde la depositaron”.
Por último, el presidente de la asociación demandó al Gobierno como mejor solución “que se haga un edicto de 15 días avisando de que se va a hacer, que se haga sin decreto, pero que se haga”, porque “se trata de una medida ordenada por un Estado democrático, con un gobierno con la mayoría parlamentaria que es necesaria para llegar a La Moncloa”.
(SERVIMEDIA)
04 Jun 2019
DSB/caa