Así se refleja en el informe ‘La identificación digital: clave para un crecimiento inclusivo’, de la consultora McKinsey & Company, en el que se analizan los beneficios y perspectivas de la implementación de la identidad (ID) digital a nivel global, que estaca que en el mundo aún hay 1.000 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de identificación y 3.400 millones sin huella digital.

“Estas cifras representan una gran oportunidad para generar beneficios de forma global gracias al potencial económico que el ID digital puede producir en el conjunto de sectores de actividad”, señala el informe, que resalta que el ID digital “permite acceder a innumerables servicios y prestaciones sociales, fomentar el derecho a la información y al voto en elecciones, promover servicios financieros (créditos o inversiones) o potenciar la educación, entre otros”.

El informe también subraya que la identificación digital facilita la generación de beneficios y la interacción de los individuos con empresas, gobiernos y otras entidades. En este sentido, cita algunos ejemplos como hacer más seguros los pagos digitales, simplificar servicios de e-gobierno, facilitar la declaración digital de impuestos, o facilitar el voto online, entre otras utilidades.

Sin embargo, el informe señala que “la generación de este valor no es automática ni segura, y estas tendencias necesitan una base material y unas condiciones previas que permitan el establecimiento del sistema de identificación digital”. Para ello, considera “esencial que exista una infraestructura digital suficiente y un sistema eléctrico fiable, con un nivel óptimo de penetración de internet y de dispositivos conectados tales como smartphones y los servicios que estos generan”.

Por último, considera que “su implementación requiere unas políticas gubernamentales y un marco normativo que ofrezca garantías a las personas, proteja su privacidad y derechos, y establezca un entorno legal para su expansión y establecimiento”, por lo que “la base legal de la identificación digital tendrá que incluir una política que determine qué procesos se deben seguir para considerar legalmente autenticada una identidad, así como ser capaz de abordar riesgos sistémicos sobre sus usos indebidos”.