La cifra es una de las principales conclusiones del estudio elaborado por su director ejecutivo Ángel de la Fuente, donde alerta de que la indexación generalizada de las prestaciones al IPC “es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentamos en las próximas décadas”, y recomienda “analizar con cuidado” sus costes y beneficios.

El cálculo lo efectúa tomando sólo los efectos de tal media sobre la población ya jubilada en 2017 y a precios constantes de 2018, sin considerar las cohortes de posteriores nuevos jubilados que también accederían a las prestaciones. Su base de partida son así los 135.000 millones de euros a los que ascendió el gasto público en pensiones contributivas, incluyendo las de clases pasivas, el pasado ejercicio, y tomando como IPC teórico un 2% anual.

Más allá de una cifra concreta en aumento del gasto, que dependerá de la senda de la inflación, el autor busca “resaltar que el coste total de cualquier medida” hay que verla en el largo plazo porque su avance resulta muy superior al impacto directo, y requeriría articular medidas compensatorias en paralelo.

A título de ejemplo indica que subir las pensiones solo un año al 2% teórico del IPC implicaría un gasto adicional de 2.363 millones el primer ejercicio y de casi 30.000 millones de euros durante las décadas que se pague la prestación. El cómputo acumulado resulta 13 veces el coste inicial por la simple inercia económica de haber engordado ya la base de partida al no revalorizarlo al 0,25% previsto en la reforma del 2013.

Para ese cálculo vuelve a tomar de base el gasto de 135.000 millones del 2017 con las prestaciones vigentes, si bien precisa que el coste se iría reduciendo con el tiempo en términos reales debido al fallecimiento de los beneficiarios.

El Gobierno del Pedro Sánchez ya revalorizó las pensiones con el IPC el pasado año siguiendo el compromiso adquirido en esa materia por el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy, “dada la impopularidad de la medida”.

En el estudio Fedea apunta al “amplio consenso entre los principales partidos para derogar el indicador establecido en 2013 definitivamente, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC ante el clamor social y el riesgo de pérdida de poder adquisitivos de los beneficiarios a largo plazo, “con los consiguientes problemas de suficiencia especialmente entre los perceptores de las prestaciones más bajas”.

Sin embargo, insta a que, dada la naturaleza del sistema de pensiones, “que implica compromisos recurrentes de pago durante muchos años”, se tengan “muy en cuenta” las posibles implicaciones a largo plazo que acaba teniendo cualquier cambio en sus reglas de cálculo o actualización de las prestaciones, incluso aunque resulte transitorio.

“Aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es ciertamente un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio”, sostiene, animando a analizar “con cuidado” los costes y beneficios de suprimir el índice que vinculaba su revalorización a la situación financiera de la Seguridad Social.

En este sentido, aconseja “valorar la posibilidad de establecer algún tipo de limitación o salvaguarda a la indexación con el IPC o de introducir medidas compensatorias que ayuden a mitigar su impacto sobre el crecimiento del gasto en pensiones”.