El escrito registrado en la Cámara Baja indica que las organizaciones ecologistas ya han denunciado el secretismo de la operación, de la que no se habría ni siquiera proporcionado la información solicitada relativa al proyecto, segun informó este martes Equo. De hecho, también se desconoce la identidad de los inversores, salvo que se trata de una promotora ligada a un fondo buitre.

Por ello, López de Uralde cuestiona la idoneidad de este tipo de inversión “basado en la especulación y el ladrillo”, tal y como plantea al Gobierno, "al ser la zona citada de un alto valor ecológico". "No podemos permitir que se sigan destruyendo los pocos tramos de litoral que quedan libres del ladrillo y el hormigón", indicó.

Además, considera necesario que el Gobierno se pronuncie sobre la afectación que este proyecto tendría sobre la actual Ley de Costas y si tiene pensado una eventual reforma de esa norma

"La ley de Costas necesita ponerse al día, ya que los problemas han cambiado. El escenario de cambio climático y subida del nivel del mar es una realidad que debe afrontarse", añadió.