Tras la exposición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, las defensas intervinieron este lunes para solicitar la impugnación de ciertas pruebas documentales. En concreto, Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha impugnad las actuaciones del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Por su parte, Javier Melero, abogado de los exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs, ha decidido no impugnar ninguno de los documentos solicitados por las acusaciones “porque entendemos que apuntalan las tesis de la defensa".

Las defensas han impugnado que la Fiscalía trate de rescatar documentos para el plenario. El letrado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha impugnado también los documento provenientes del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, sobre los que no tienen conocimiento directo y los correos electrónicos de los tres, que no han sido sometidos a contradicción.

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, se sumó a la impugnación de “toda la documentación procedente del juzgado 13". Por su parte, Olga Arderiu, en representación de Carme Forcadell, pidió que se excluyan los tuits atribuidos a la presidenta del Parlament y recordó que alguno de ellos están datados a una hora que no se corresponde con el momento en el que se publicó.

El tribunal tiene fijadas tres jornadas, desde hoy y hasta el miércoles, para analizas las pruebas documentales. Muchas de ellas serán vídeos que ilustran lo sucedido ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, los registros de la policía en distintas dependencias oficiales y lo sucedido en los centros de votación en la jornada del 1-O. Comenzarán a verse a partir de mañana, martes.

Los abogados tratarán de poner en tela de juicio con estas grabaciones el relato de los agentes de las Fuerzas de Seguridad sobre las agresiones recibidas de los manifestantes y apuntalar la idea de que la actitud de los votantes fue pacífica.

La Fiscalía ha solicitado la proyección de más de un centenar de vídeos, mientras que las defensas han solicitado que se localice a algunos de los testigos que declararon sobre sucesos que se van a poder ver ahora en las grabaciones y a los que quieren someter a contradicción.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, ya ha puesto límites a la exposición de unos y otros para evitar que traten de resaltar conclusiones que deben quedar circunscritas a sus informes finales.

En una primera intervención, Marchena ha explicados las normas que regirán el desarrollo de esta parte de la vista. El presidente rechazó una petición de las defensas para que se pida al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que requiera a ciertos testigos nuevos vídeos del 1-O. Todos los documentos solicitados por las partes, se reproducirán en la sala.

La fiscalía ha solicitado la exhibición de los vídeos en los que se puede ver a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart subidos en los coches de la Guardia Civil que estaban aparcados frente a la Consejeria de Economía el 20 de septiembre de 2017. El ministerio público también quiere que el tribunal vea imágenes del registro de la sede de Unipost en Tarrasa y de algunas detenciones, así como las grabaciones hechas por las Fuerzas de Seguridad durante sus intervenciones en colegios electorales el 1-O. También pidió escuchar una entrevista al exconseller de Interior Joaquim Forn en Vilaweb, así como entrevistas de otros acusados, correos electrónicos y facturas correspondientes a supuestos gastos relacionados con el referéndum.

Las defensas tienen ahora la oportunidad de que que el tribunal vea todos aquellos vídeos cuya exhibición solicitó a lo largo de las testificales y que la sala no permitió proyectar en espera de este momento de la vista. Entre ellos hay varios de las cargas policiales con agresiones a ciudadanos o imágenes del pasillo de voluntarios que hizo la ANC ante Economía el 20-S.

Por su parte, la abogacía del Estado que había pedido vídeos que grabó la Guardia Civil en Sant Martí Sesgueioles, Sant Andreu de la Barca, Vilalba Sasserra, Castellgalí, Fonollosa, Castellbisbal, Dosrius, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Cebrià de Vallalta o Sant Esteve Sesrovires, ha depurado su petición para reducirla y hacer más ágil la las sesiones.

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, había compilado en un informe de más de 90 páginas los documentos que propone analizar en esta parte del juicio y ha tratado de dar la por presentada, pero el tribunal le ha exigido que haga la relación completa de todos los documentos cuya revisión solicita para que las defensa puedan conocerlos y tenga la posibilidad de poner en duda su “autenticidad” o su “licitud”. Tras casi una hora de lectura, las defensas se dieron por "instruidas" para evitar que se dé lectura al informe completo de la Abogacía del Estado.