Así lo advierte el organismo en su informe anual sobre el ejercicio 2018, donde responsabiliza del deterioro de imagen a “determinadas prácticas inapropiadas aplicadas por algunas entidades” y el fuerte aumento de los litigios, que ya ha supuesto pérdidas económicas para algunas entidades y aumenta “la incertidumbre sobre los posibles costes legales adicionales derivados de dichos procesos”.

“Estos problemas", alerta, "también podrían desembocar eventualmente en una menor demanda de servicios hacia este sector. Por tanto, la recuperación de la reputación es fundamental para que los intermediarios bancarios puedan afrontar con éxito el contexto más competitivo”.

Este desafío forma parte de los deberes que, a su entender, es “crucial” que supere el sector para que “contribuya al crecimiento económico” y que sintetiza en reforzar el capital, reducir los costes, acelerar la limpieza del balance o “evaluar y adaptarse a los riesgos que supone el cambio climático para su actividad”.

El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos pone énfasis especial en el reforzamiento de su “posición económica y financiera” porque “redundaría en una mayor capacidad de resistencia del sector en el caso hipotético de que el ciclo económico entre en una fase recesiva”.

La ratio de capital más exigente CET1 del sector se redujo en 43 puntos básicos en el último año y se situó en el 12,2%, en parte por la desaparición de algunas deducciones por aplicación del nuevo marco de capital Basilea III. Si bien reconoce que dichas tasas exceden “claramente” los umbrales regulatorios exigidos, subraya que “siguen siendo las más bajas del área euro” y ve necesario su refuerzo porque quedan colchones por construir por nuevas regulaciones como el MREL y con el “fin de mejorar su capacidad de resistencia frente a perturbaciones adversas”.

Entre los deberes del sector, el supervisor juzga “indispensable” que abunden en la “racionalización” de los gastos de explotación y en acelerar la limpieza del balance para “el restablecimiento de cotas más elevadas de rentabilidad”, ya que siguen en niveles “reducidos” en relación con su coste de capital. Augura además que, a la larga, dichas ganancias de eficiencia “deberían resultar en un abaratamiento de los costes de intermediación, con efectos positivos sobre el conjunto de la economía” en un contexto de mayor competencia.

Su insistencia en abaratar costes la explica en que buena parte de la ganancia de rentabilidad ha venido de la mano de la reducción de los activos dañados. La rentabilidad media de los recursos propios mejoró, de hecho, en 1,2 puntos porcentuales el año pasado, hasta situarse en el 7,3%, y fue en parte gracias al descenso del 29% en los créditos dudosos y del 30% en el volumen de activos adjudicados, cuya exposición disminuyó a 43.000 millones de euros.

El saneamiento fue producto de la mejora económica y las ventas masivas de carteras. Según sus datos, la banca anunció operaciones de desinversión en carteras de préstamos en mora e inmuebles por un valor bruto de 70.000 millones de euros, de los cuales 55.000 se contabilizaron en 2018, “la cifra más elevada tras el estallido de la crisis en 2008”.

Fuentes del organismo consideraron, sin embargo, que las entidades deben aprovechar el buen momento para acelerar esa limpieza y aconsejaron a las entidades que “hagan una valoración prudente de la solvencia” de los clientes a la hora de conceder financiación.

LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible se cuelan también entre los retos del sector ante el convencimiento del supervisor de que podrían afectar a la actividad de las entidades y a la estabilidad financiera a través de los riesgos físicos, asociados a los efectos directos del cambio climático, y otros riesgos que denomina de transición y son los vinculados al proceso de transición tecnológica y regulatoria hacia una economía más sostenible.

A su juicio, “identificar, cuantificar y mitigar” dichos riesgos es responsabilidad tanto de los reguladores y supervisores como de las entidades, y “requerirá un esfuerzo notable en los próximos años para reducir las carencias actuales en términos de gobernanza y de datos y metodologías sobre los que fundamentar el análisis”.

En última instancia insiste en la necesidad de la banca de adaptarse al reto que supone la nueva competencia tanto por parte de agentes tradicionales, como los fondos de inversión, como de las fintech y, “de forma probablemente más relevante”, de las grandes tecnológicas.