En la última reunión de fiscales se acordó informar a todos los consistorios en cuyo término municipal exista superficie forestal sobre la obligatoriedad de tener Planes de Prevención de Incendios. El ministerio público pide a todos sus miembros que acentúen la vigilancia sobre su existencia, especialmente en aquellos lugares en los que la aparición de incendios es más frecuente.

En el verano de 2018 se puso en marcha un plan piloto de investigación por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado sobre 151 poblaciones de cinco comunidades autónomas en las que había especial riesgo de incendio y, además, se habían producido incendios forestales de manera recurrente con anterioridad.

La investigación demostró que la mayoría de las poblaciones carecían de plan de prevención, o éste no estaba actualizado. En este sentido, se considera conveniente que, en los supuestos de grandes incendios, los fiscales insten las averiguaciones sobre la existencia de dichos planes para valorar sus efectos en caso de que no los hubiera.

La Fiscalía establece en su plan el control de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos infantiles y juveniles situados en terrenos forestales, que impliquen riesgo de incendio forestal, para que se pueda actuar conforme a las instrucciones de la Administración.

Serán informadas las administraciones competentes, propietarios, empresas titulares de la actividad y cualquier otro implicado para hacerles saber de la existencia de ese punto con alto riesgo de incendio forestal y para que adopten medidas destinadas a evitar incendios forestales.

Este oficio va acompañado de las fichas elaboradas por la Guardia Civil de los lugares detectados en cada provincia con riesgo calificado como alto o grave, con indicación de su localización exacta.