La citada fundación trabaja en el fomento de la inclusión social y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y, a través del desarrollo de distintas actividades e iniciativas, defiende también el derecho de acceso a la Justicia de este colectivo.

El convenio establece las líneas de colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y la fundación dentro del ámbito de las competencias de formación, así como en relación con las iniciativas dirigidas a facilitar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual.

Con este fin prevé, entre otras iniciativas, la elaboración de guías o protocolos de actuación para los jueces sobre el trato que debe dispensarse a las personas con discapacidad intelectual que intervengan en un procedimiento judicial.

Asimismo, la fundación se compromete a prestar a jueces y tribunales apoyo para la práctica de diligencias de instrucción o prueba en juicio que impliquen o afecten al citado colectivo.

El CGPJ y la fundación acuerdan también la realización conjunta de acciones formativas en el ámbito de la Formación Judicial y de la Formación Continua en materia de trato y práctica forense y procesal de personas con discapacidad intelectual.

El cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años prorrogables, está a cargo de una comisión de seguimiento, que celebrará una reunión ordinaria anual.