Esos perros fueron retirados el 31 de mayo de 2018 por parte de la Comunidad de Madrid y el Seprona, que iniciaron un procedimiento sancionador y actuaron ante la presión ejercida por parte de las asociaciones de protección animal para que se cumpliese la legislación vigente, tras denunciar esta situación durante años, puesto que, según aseguraron Anaa y la Fapam en un comunicado, "cientos de perros han malvivido en unas instalaciones ilegales, donde han sido hacinados y explotados al menos desde 2012, año en que se presentó la primera denuncia".

Previamente a esa retirada y del mismo centro habían salido otros 31 perros (29 en enero y dos a principios de mayo de 2018), respecto a los que la Comunidad de Madrid consideró que se trataba de "un presunto caso de maltrato continuado en los animales referenciados, por considerar que de acuerdo a los hechos constatados, el responsable/s del cuidado de los animales ha ejercido una conducta, tanto por acción como por omisión, que ha ocasionado a los animales un dolor, sufrimiento y estrés, graves, inútiles y evitables".

Respecto a esos 31 perros, los hechos fueron judicializados en los Juzgados de Torrejón de Ardoz, lo que dio origen a un procedimiento que se encuentra actualmente sobreseído y recurrido.

Sin embargo, Altanería recurrió esta situación y la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha resuelto que existió un error de forma por su parte, lo cual determina la nulidad de la retirada de los animales y resuelve que los 192 perros deben volver a Altanería. "En vez de optar por asumir su error y plantear una alternativa acorde con el bienestar de los animales, opta por revictimizar a las víctimas", añadieron Anaa y la Fapam.

"NO SON UN NÚMERO"

Estas entidades indicaron que los 192 perros que en total podrían volver a Altanería "no son un número, sino individuos con capacidad de sentir física y emocionalmente que llevan cerca de un año en casas de acogida suscritas a las Asociaciones de Protección Animal, donde les hemos ido curando y donde han estado recibiendo los cuidados, atención y tratamientos veterinarios y etológicos necesarios para garantizar su bienestar físico y psíquico". "Los animales presentaban falta de socialización y miedo extremo, además de infecciones graves en aparato reproductor, boca, oídos, etc., así como hernias, anemia, desnutrición, debiendo ser algunos hospitalizados y operados de urgencia, incluso con fetos momificados en su interior", añadieron.

Según Anaa y la Fapam, Altanería se dedica desde hace más de 10 años a realizar "una actividad de cría indiscriminada y venta de perros de manera ilegal en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid) sin contar con los permisos correspondientes, manteniendo hacinados a cerca de 200 perros junto a aves rapaces y jaulas de ratas criadas para alimentar a las aves".

"Todo esto afecta a muchas familias, desconocedoras de que están adquiriendo un animal en un centro que carece de licencias, donde se cría con animales enfermos, muchos de ellos con enfermedades incluso genéticas y hereditarias, sin vacunar, con enfermedades y parásitos como leishmaniosis, giardias, trichuris y garrapatas, con el impacto y riesgo que ello supone para la salud de los animales y de las personas. Esta actividad se ha venido practicando de manera pública y notoria, ante la inactividad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama", añadieron.

Por ello, Anaa y la Fapam aseguraron que "la Comunidad de Madrid, máximo organismo encargado de velar por el bienestar y la protección de los animales de compañía, está provocando indefensión y, en consecuencia, sufrimiento a cientos de animales por su inacción, por su inoperatividad, por su falta de control y seguimiento, y por haber cometido errores de forma en el procedimiento".