La fundación pide en su escrito, dirigido a la fiscal general del Estado, María José Segarra, que el Ministerio Público requiera al delegado del Gobierno en el País Vasco para que se cumpla la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, donde se recoge que es el Estado quien asume “la defensa de la dignidad de las víctimas”.

Además, insta a la Fiscalía a que presente las querellas o denuncias correspondientes ante la Audiencia Nacional contra los promotores de estos actos en las calles y otros espacios públicos del País Vasco.

En opinión del presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, es “intolerable que los terroristas y quienes les apoyan se rían de la ley ante la inacción de los poderes del Estado”, ya que “España dispone de los instrumentos precisos para evitar esta humillación y aplicarlos es la obligación de cualquier Estado de Derecho que se precie”.