Dijo que el presupuesto inicial en 2019 para la obtención de las ayudas económicas y medidas asistenciales ascendía a cinco millones de euros, y ya fue consignado el pasado mes de febrero por el Gobierno regional.

Esta nueva cantidad de diez millones de euros se suma a la anterior, hasta un máximo de 15 millones de euros, con lo que las indemnizaciones para el presente ejercicio quedarán así cubiertos.

Hasta la fecha, y con los cinco primeros millones de euros tramitados, se han podido atender 94 solicitudes. 22 de ellas son inferiores a 12.000 euros y ya han sido abonados, junto a otras 72 solicitudes superiores a 12.000 euros cuyos pagos se llevarán a cabo próximamente.

Con esta nueva ampliación de diez millones de euros anunciada hoy, se podrán tramitar 253 nuevos expedientes, con lo que en 2019 serán 347 el total de víctimas del terrorismo atendidas.

Algunas de las medidas de carácter económico que se contemplan en la ley son las relativas al derecho a la indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, dijo Rollán, quien afirmó que están dirigidas a víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta prestación será equivalente al 30 % de la ayuda concedida por la Administración General del Estado en el mismo supuesto.

Para acceder a esta ayuda se ha ampliado el supuesto previsto inicialmente en el proyecto, como era estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento del atentado.

Así, en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, si se acredita haberlo estado con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida, la víctima tendrá derecho a la indemnización.

Esta medida reclamada por las asociaciones de víctimas se añadió a la ley y atiende a una respuesta global, de incorporar a las víctimas del terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras.

MÁS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

Rollán indicó que el objetivo de esta iniciativa es que el mayor número posible de personas con la condición de víctima del terrorismo pueda resultar beneficiaria de las ayudas estipuladas por la Comunidad de Madrid.

También que el resto de comunidades autónomas legisle en la misma línea para no dejar a ninguna víctima del terrorismo sin atender.

Además, manifestó que desde el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo se detectó en los primeros meses de andadura, y una vez que fue facilitada toda la información a las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, que aún existía un elevado número de ellas que no se encuentran asociadas a ninguna entidad, careciendo por tanto de una completa y exhaustiva información, ni de los derechos que les asisten como tales.

A petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se tomó en consideración la solicitud de aumentar el plazo para solicitar las ayudas y se sometió a su tramitación, con lo que el Gobierno regional tramitó la proposición de ley de modificación de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Con dicha modificación se amplió en tres meses el plazo inicialmente previsto en la ley para obtener ayudas económicas y medidas asistenciales destinadas a las víctimas del terrorismo, pasando de los seis meses iniciales a los nueve meses actuales.

La norma incorpora otra serie de medidas asistenciales para las víctimas del terrorismo y las personas vinculadas a ellas, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, integrando los ámbitos sanitario, social, educativo, empleo o de vivienda.

La citada ley contempla ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros por siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación.

Del mismo modo, se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total, con una cantidad que oscilará entre el 80 % y el 100 % del valor real de la vivienda afectada.

La Comunidad asegura además la asistencia sanitaria y psicológica gratuita de víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, y garantiza la asistencia psicopedagógica gratuita a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que, como consecuencia de una acción terrorista, sufran problemas de aprendizaje.

La norma incluye también medidas específicas en materia de empleo, acceso a la vivienda pública, acceso a la cultura o al deporte.

Rollán indicó que el Comisionado para la Atención de Víctimas del Terrorismo, ya ha formalizado un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para la asistencia psicológica gratuita a víctimas con un alcance de más de 2.000 beneficiarios, así como acuerdos con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para el acceso gratuito de las víctimas a determinadas instalaciones deportivas y eventos culturales.