En un comunicado, el sindicato que encabeza por Pepe Álvarez resaltó que el incumplimiento de la duración de la jornada de trabajo supone “graves perjuicios” para la salud de los trabajadores. Añadió que el cumplimiento de esta ley es obligado para todas las empresas para “corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza debido a los abusos en la jornada laboral”.

De este modo, UGT explicó que el objetivo de la ley no es el control de presencia o de actividad del trabajador por parte de la empresa, sino “garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, dar seguridad jurídica a los trabajadores y las empresas, posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y beneficiar, especialmente, a los trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos”.

"REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

Asimismo, el sindicato reivindicó que “esta ley supone una reivindicación histórica en el objetivo de luchar contra un fraude que está perjudicando tanto a la economía como al empleo, al imposibilitar la cotización total de las horas trabajadas, facilitar la precariedad laboral y generar un déficit en la creación de empleo”.

Sin embargo, la central sindical señaló que la ley “ha evitado una regulación más garantista y protectora, por la que UGT apostaba, dejando a la negociación colectiva la regulación de todos los aspectos relativos a cómo se organiza y documenta ese registro de jornada”.

En este sentido, el sindicato introducirá en la negociación de los convenios una cláusula con unos requisitos mínimos a cumplir para dotar al sistema de garantía, control y facilidad probatoria. “Como mínimo, el sistema que se elija debe asegurar la fiabilidad e invariabilidad de los datos, la imposibilidad de manipulación, alteración o creación posterior del registro, una gestión objetivo y el acceso del trabajador o trabajadora a la información almacenada”, apuntó en este sentido.