Además de esta iniciativa, Podemos pretende que el Parlamento Europeo tenga capacidad legislativa plena, que la Comisión sea elegida democráticamente, limitar el salario de los altos cargos a cuatro veces el salario mínimo de cada país, prohibir las puertas giratorias, limitar los lobbies y prohibir la financiación de los partidos por los bancos.

También en extrapolación de sus propuestas a nivel estatal, Podemos propugna crear un salario mínimo que equivalga al 60% del medio y una garantía mínima de ingresos, además de una garantía de crecimiento salarial para que las empresas europeas no compitan a la baja en condiciones laborales.

Podemos aspira a promulgar un Estatuto europeo del Trabajo y a instalar una negociación colectiva europea, crearía un Alto comisionado para los Derechos Humanos y establecería como derecho el acceso a internet. En contraposición, gravaría con un 3% las actividades de la economía digital, como impulsó también en su negociación presupuestaria con el Gobierno socialista. En materia ecológica, Podemos quiere que el jalón intermedio de 2035 imponga una reducción de emisiones del 55% y no del 45%, a fin de llegar en 2050 al objetivo del 100%.

La cabeza de lista, María Eugenia Rodríguez Palop, diagnosticó que “el Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeña para las grandes”, por lo que abogó a la vez por una mayor integración europea y por la descentralización y la autonomía local.

Se declaró además contra las privatizaciones, el “colapso civilizatorio y de valores masculinos asociados al egoísmo, la competitividad y el narcisismo”; y alertó contra el “ecofascismo” que sobrevendrá cuando haya escasos recursos y sólo en manos de unos pocos.

Finalmente, en materia migratoria, reclamó “una Europa sin muros, físicos ni virtuales”, en las que se establezcan “vías legales y seguras” de entrada en la UE a los inmigrantes, no porque sean útiles para el mercado laboral o para pagar las pensiones, sino porque “tienen derecho a estar aquí y a vivir como nosotros”.

La número dos de la lista, Sira Rego (IU), incidió en que no se puede normalizar que el Mediterráneo sea “un mar de muerte”, y el número tres, Ernest Urtasun (En Comú Podem), denunció que los 2.000 millones plurianuales de presupuesto de la Guardia Costera no se destinen a rescatar inmigrantes.