Así consta en el proyecto de norma en el que el Ejecutivo explica que el aumento del SMI en un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales, aprobado para este año “puede suponer dificultades a los centros especiales de empleo para mantener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades, en razón del tipo y grado de discapacidad, contratadas en los mismos por el aumento de los costes salariales que no son objeto de la subvención del 50% del salario mínimo interprofesional".

El Gobierno destaca que es “procedente aprobar de manera extraordinaria, y únicamente durante 2019” un aumento en el porcentaje de financiación de las subvenciones por mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, pasando de financiar el 50% del SMI al 55%, pero solo para personas con una discapacidad severa por sus “especiales dificultades” para acceder al mercado laboral.

En el caso de que se trate de un contrato de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

El proyecto de norma subraya que este incremento de cinco puntos porcentuales “garantiza que el empresario del centro especial de empleo, como cualquier otro empresario, aporta una parte de la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2019, pero esta parte ha de ser menor por las especiales características del colectivo al que ocupa, y menor aún en determinados casos donde el citado colectivo resulta de difícil empleabilidad fuera del mercado protegido”.

Se considera una discapacidad severa la que poseen las personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado reconocido igual o superior al 33%. También las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado igual o superior al 65%.

IMPACTO PRESUPUESTARIO

Las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias de ejecución y gestión de las subvenciones destinadas a financiar los centros especiales de empleo, salvo Navarra y el País Vasco, que se financian a través el mecanismo de cupo.

Para ello, el proyecto de norma apunta que se incrementan las cantidades destinadas a las regiones hasta los 19,8 millones de euros.

Este aumento de gasto se financiará con cargo al remanente de tesorería del Servicio Público de Empleo Estatal.

La información facilitada por las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2017 refleja que 83.604 personas con discapacidad trabajaban en centros especiales de empleo, de las que 31.427 tienen discapacidad severa.

El plazo de presentación de aportaciones para esta norma finaliza el 21 de mayo de 2019.