El protocolo general de actuación para el desarrollo de acciones y actividades conjuntas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad estipula que la URJC tiene entre sus fines cooperar en el desarrollo científico y técnico, cultural y social de la Comunidad de Madrid, la difusión y la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

También difunde la calidad de vida y el desarrollo económico promoviendo el desarrollo tecnológico, la transferencia de la tecnología y la innovación como aplicación de los resultados de la investigación.

Cermi Comunidad de Madrid es una plataforma unitaria con vocación autonómica y con la finalidad de participar plenamente en la vida social de la Comunidad Autónoma de Madrid desarrollando una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Para ello tiene como misión trasladar ante los poderes públicos las necesidades y demandas del grupo de población de la discapacidad, asumiendo y encauzando su representación, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector, para promover la plenitud de derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.

Tanto la URJC como Cermi Comunidad de Madrid manifiestan su voluntad de responder con garantía al reto científico que la sociedad exige con su compromiso mutuo de la mejora permanente de la calidad investigadora, de formación y de los servicios, y están interesadas en colaborar conjuntamente con el fin de dar cumplimiento de estos objetivos.

El modelo que tiene la Universidad Rey Juan Carlos para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades se basa en el fomento de la autonomía personal con el fin de que las personas con discapacidad logren la mayor independencia posible y puedan desarrollar su vida con las mejores garantías. Por ello, los miembros del equipo de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad parten de la terapia ocupacional y procuran ajustar las demandas de la actividad académica a las capacidades del estudiante.

La duración inicial del presente Protocolo General de Actuación será de cuatro años desde su fecha de suscripción y surtirá efecto desde el día de su firma. Ambas entidades se propondrán el desarrollo de diferentes actividades. Se llevará a cabo la puesta en marcha de proyectos concretos que pretendan el desarrollo e implementación de las condiciones favorecedoras de una educación universitaria inclusiva efectiva y real de los estudiantes con discapacidad.