Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que han obtenido escaño en el Congreso de los Diputados, y Raül Romeva que irá al Senado. Sus abogados, Jordi Pina y Andreu van den Eynde, estudian esta mañana distintas fórmulas para que puedan convertirse en parlamentarios pese a su condición de presos preventivos.

Los letrados nadan en aguas desconocidas y ni siquiera están seguros de si deben presentar un escrito a la Sala pidiendo la libertad de sus representados para culminar la tramitación de los pasos necesarios o si el tribunal procederá a autorizarlos de oficio para garantizar los derechos políticos de los candidatos. Los abogados tienen previsto hacer esta consulta al presidente de la Sala, Manuel Marchena, a lo largo de esta jornada de lunes.

Lo primero que deberán hacer es recoger en la Junta Electoral Provincial correspondiente el acta que verifica que han sido elegidos como diputados o senadores. Ese acta y el resto de la documentación personal y la declaración de bienes y actividades deberá ser entregada en las dos Cámaras. El Reglamento del Congreso establece la entrega de estos documentos pero no obliga a que se haga personalmente y se podría delegar, mientras que en el Senado, sería Romeva quien debería entregarlos en persona porque así lo establece su reglamento.

A lo que sí están obligados a asistir a la sesión plenaria de constitución de las nuevas Cortes Generales en las que deben explicitar su acatamiento de la Constitución. Sólo después de ese trámite adquirirán la condición de diputados y senador. Ese trámite podría hacerse en una sesión posterior al de la constitución de las Cámaras, pero si no prometen en las tres primeras sesiones de la legislatura se les privará de la condición de parlamentarios.

Este trámite sólo puede ser presencial y no se puede delegar dado que el Reglamento del Congreso es muy restrictivo y sólo permite el voto a distancia en caso de enfermedades que impiden el desplazamiento, bajas de maternidad o lactancia. Sin embargo, las defensas de los electos creen que la decisión del juez instructor Pablo Llarena, autorizando el voto delegado en el Parlamento catalán, es una puerta abierta que podría valorar también la Sala.

Salvado el escollo de la toma de posesión, aún quedaría por resolver si el Tribunal Supremo les permitiría ejercer su cargo o si los suspendería en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla la suspensión del ejercicio de cargo público para procesados con prisión preventiva decretada por delito de rebelión. Los letrados indican, en ese sentido, que la retirada por parte de la Fiscalía de la acusación de rebelión resolvería el problema, pero esa es una posibilidad muy remota.

Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que el tribunal tiene pensado permitir la salida de prisión de los cinco electos para que recojan sus actas porque según la Ley de Régimen Electoral, no se les puede privar de sus derechos políticos mientras no haya una sentencia en su contra. Lo que sí puede ocurrir es que, a continuación, se comunique al Congreso y al Senado la suspensión en sus funciones con arreglo al citado artículo 384 bis de la Lecrim.

El escenario es complejo y depende de las opciones que se apliquen. La Presidencia del Congreso hasta la constitución de las nuevas Cortes lo ostenta la popular Ana Pastor y en este período entre dos legislaturas la decisión podría tomarla la Mesa de la Diputación Permanente. Otra opción sería trasladar la decisión a la nueva Mesa que salga elegida en la sesión constitutiva del 21 de mayo, pero estas opciones están aún en el aire.