La medida afecta a un total de 1.649 profesionales de los denominados Grupos de Población 5, los que perciben las retribuciones más bajas, que pasarán a cobrar por este concepto 193,74 euros mensuales frente a los 136,56 que se establecían anteriormente.

Este incremento salarial tiene efectos desde el 1 de enero de 2018, repartiéndose para su regularización los 1.320.000 euros correspondientes a los fondos adicionales de la masa salarial de jueces y fiscales que se había fijado para dicho ejercicio.

Los beneficiados por esta medida recibirán una paga de atrasos de hasta 921,40 euros desde esa fecha hasta la entrada en vigor de este real decreto.

Las retribuciones de las carreras judicial y fiscal están sujetas para los ejercicios de 2018, 2019 y 2020 al II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo, que afecta a toda la Administración General del Estado y fue firmado el 9 de marzo de 2018 entre el Gobierno y CCOO, UGT y CSIF.

Esta medida fue pactada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado y las siete asociaciones de jueces y fiscales, ya que, por ley, los miembros de ambas carreras no pueden estar vinculados a organizaciones sindicales, quedando al margen de la negociación colectiva desarrollada por éstas.