En respuesta a preguntas de la Fiscalía sobre si los ayuntamientos recibieron una carta de la Generalitat pidiendo la cesión de locales, la alcaldesa reconoció la recepción de una notificación del Govern de principios de septiembre en la que se preguntaba “si estaban disponibles los locales como en anteriores proceso electorales”. Al cabo de unos días, continuó, llegó una notificación de la Delegación del Gobierno en sentido contrario.

Lloveras, citada como testigo por la acusación popular de Vox, aseguró que nunca participó "ni como presidente de la AMI ni como alcaldesa" en ninguna reunión para la celebración del 1-O. Detalló que la organización que presidía contaba con 800 ayuntamientos adscritos y estaba concebida como “un espacio político de ayuntamientos".

Su testimonio es relevante en relación con el uso de locales públicos como centros de votación para el 1-O, lo que podría suponer un posible delito de malversación. La testigo insistió en que no le consta que ayuntamientos adheridos a la AMI cedieran locales públicos para las votaciones: "Lo que me consta es que hicieron una manifestación pública, sin ningún efecto jurídico, de apoyo al referéndum”.

La expresidenta de la AMI reconoció que tuvo conocimiento por la prensa del documento 'Enfocats' y de la agenda de Jové. "Conozco el contenido por lo que ha salido por la prensa, nada más", remachó.

Aseguró que hubo varias protestas convocadas por Òmnium Cultural y la ANC a las que se sumaron los municipios adheridos a la AMI porque sus manifestaciones “siempre eran pacíficas”. Además, admitió que la organización municipal firmó la hoja de ruta para la independencia el 30 de marzo de 2015, cuando ella no era aún su presidenta, y que ese documento sigue colgado en la página web de la asociación porque “nunca se nos ha requerido que la sacáramos”.