Así se recoge en un informe sobre la evolución de las finanzas autonómicas a corto y medio plazo, en el que se destaca que en 2018 el déficit conjunto de las comunidades autónomas fue del 0,23%, “claramente por debajo del objetivo de déficit del 0,4%”, con el cumplimiento del mismo por parte de todas las autonomías salvo Comunidad Valenciana y Murcia.

Para Fedea, “en términos generales la mejora del saldo presupuestario proviene en primer lugar del fuerte crecimiento de los ingresos con la recuperación económica, pero hay también una contribución significativa de las partidas de gasto, que crecen a un ritmo inferior al PIB y por lo tanto pierden peso en este agregado”.

Por otro lado, al analizar la evolución de las cuentas de las comunidades autónomas desde 2003, el informe subraya que se ha cerrado “un ciclo completo, volviendo en 2018 a una situación similar a la observada en 2003 en términos de sus niveles de gasto, ingreso y déficit”. Sin embargo, Fedea destaca que “la herencia de la Gran Recesión ha dejado las cuentas autonómicas en una situación bastante más frágil que la de partida y con un margen de maniobra limitado si los síntomas de desaceleración que observamos en los últimos meses se confirman y acentúan en los próximos trimestres”.

En este sentido, para Fedea “lo más preocupante a medio y largo plazo es que la deuda autonómica, medida en relación a la renta nacional, se ha multiplicado por cinco en menos de una década, habiéndose estabilizado en estos últimos años de recuperación en torno al 25% del PIB”.

Además, considera que “la reciente mejora del saldo presupuestario autonómico se apoya en buena parte en factores difícilmente sostenibles a medio plazo”, como “los anormalmente bajos tipos de interés de los últimos años, las subvenciones estatales a los intereses de la deuda autonómica a través del FLA y del resto de los llamados mecanismos adicionales de financiación y unos niveles muy reducidos de inversión que no se pueden sostener durante mucho más tiempo sin efectos adversos sobre muchos equipamientos públicos y la calidad de los servicios que estos ayudan a prestar”.