Los presidentes de las Audiencias Provinciales han debatido sobre sus funciones gubernativas, representativas y jurisdiccionales; han analizado la situación actual de los tribunales que presiden y han intercambiado opiniones sobre las relaciones institucionales o la comunicación y la transparencia.

Entre su conclusiones figuran la creación de una Comisión de Independencia Judicial, en el seno del CGPJ, que reciba las denuncias y/o quejas a través de las Asociaciones Judiciales o de las Salas de Gobierno sobre el actuar de la función jurisdiccional y que realice una selección de los temas en función de la relevancia institucional.

Esta comisión debería hacer un informe anual sobre el estado de la independencia del Poder Judicial en todo el país, describiendo los principales problemas y el avance en su tratamiento. Esta Comisión podría actuar, también, frente a los ataques a la independencia de la función judicial, participando, como órgano resolutorio, en el procedimiento de amparo del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial (arts. 318 y ss.), que presenta una naturaleza cuasi procesal, lenta en su tramitación y de escasa eficacia.

En materia de transparencia y comunicación los presidentes de Audiencia consideran necesario que, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se respeten los principios de presunción de inocencia y de secreto de las actuaciones penales en sus comunicaciones públicas sobre hechos que determinen una investigación judicial.

En línea con las recomendaciones de la Red Europea de Consejos de Justicia, debería estudiarse la oportunidad de la figura del “juez portavoz” o “juez divulgador”, que en colaboración con los Gabinetes de Comunicación de los TSJ y con la aptitud y formación apropiada, explique a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, el contenido de decisiones judiciales y su fundamento en las normas y principios constitucionales. El objetivo sería fortalecer la confianza en la Administración de Justicia a través de su función divulgativa.

Además, muestran su preocupación por las disfunciones que causan la multitud de reclamaciones por contratos bancarios, proponiendo que se adopten medidas organizativas y legales para proteger el derecho de los usuarios de la administración de justicia a obtener en un tiempo adecuado la tutela judicial de sus derechos.

EXPEDIENTE DIGITAL

En el encuentro se ha concluido que deberán adoptarse las medidas necesarias para que el expediente judicial electrónico sea una herramienta útil y práctica para los jueces, dado que su actual configuración no facilita el ejercicio de la función jurisdiccional.

Han acordado que en cumplimiento de la obligación de supervisar la composición de las Salas, deberán interesar de la Sala de Gobierno en los casos de los llamados “macrojuicios”, el refuerzo de magistrados que se estime preciso para que el buen funcionamiento de una sección no se vea alterado con la celebración de esos juicios, de tal modo que siempre en la sección queden tres magistrados para seguir atendiendo la celebración ordinaria del resto de juicios, deliberaciones, otros actos procesales y el dictado de resoluciones urgentes.

Finalmente, y con el fin de tutelar los derechos de las víctimas, especialmente en los supuestos de violencia de género, menores y personas con discapacidad, deben adoptarse medidas para evitar las demoras en la emisión de dictámenes por parte de los equipos técnicos psicosociales adscritos a los órganos judiciales, siendo preciso el refuerzo necesario de las plantillas.