Según informó este jueves la Policía, la operación ha culminado con la detención de 6 personas en Almería (3), Cádiz (1), la Línea de la Concepción (1) y en Jerez de la Frontera (1). Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

Las investigaciones se iniciaron en verano de 2018, cuando una mujer de origen marroquí detectó a tres compatriotas menores de edad en Granada en situación de desamparo. Tras sus declaraciones y una vez realizadas las primeras gestiones policiales, se pudo identificar la existencia de un entramado criminal que de manera profesional se dedicaba con continuidad en el tiempo a captar menores en Marruecos.

Exigían a sus familiares una cantidad variable de dinero por su traslado a España, cantidad que variaba en función del método de tráfico de seres humanos que emplearan. Posteriormente trasladaban a los menores hasta Tánger donde otra persona se hacía cargo de los niños.

RECLUIDOS EN ALMERÍA

Una vez en España, en caso de que los menores no fueran detectados por las Fuerzas de Seguridad, eran recibidos por otros miembros de la red. En el caso de ser ingresados en centros de menores de la provincia de Cádiz, lograban contactar con ellos para sacarlos a la mayor brevedad posible.

Asimismo, la banda no solo se hacía con los menores que ellos traficaban, sino que captaban a los que estaban en centros de menores de la provincia de Cádiz que habían sido traídos por otras redes y les ofrecían falsos pretextos para que accediesen a ser trasladados a otras provincias de España.

La red materializaba el secuestro de los menores en el momento en el que eran conducidos a la provincia de Almería, donde eran informados tanto ellos como sus familiares en Marruecos de su situación y de las condiciones para su liberación.

De este modo, mantenían casas en dicha ciudad andaluza donde los tenían privados de libertad hasta que recibieran de sus familias la cantidad de 5.000 dírhams, cerca de 500 euros. No dudaban en amenazar directamente a los menores o a los familiares de estos en Marruecos de que en caso de no ser satisfecho el pago los mismos morirían o serían empleados para el tráfico de órganos.

Por su parte, en Marruecos se encontraban las personas receptoras de los pagos, quienes informaban a la estructura de la organización en España para efectuar si procedía la liberación de las víctimas.