Según recordó este miércoles la institución en una nota, “el proceso de descontaminación no puede durar indefinidamente a costa de mantener unos riesgos potenciales para la salud de los ciudadanos y para la protección del medio ambiente”.

Según subrayó, este compuesto es "de toxicidad comprobada" y se asimila en el cuerpo humano, por ingestión, inhalación o por contacto dérmico y la Organización Mundial de la Salud recomienda tratar esta sustancia “como cancerígena”, aunque estos efectos solo se han comprobado hasta el momento en animales. “Además, en pequeñas cantidades, pero en exposiciones largas, causa problemas hepáticos, renales, hormonales, ginecológicos, anemias y del sistema nervioso”, prosiguió el Defensor.

La nota también explica que el lindano acumulado en los suelos, de donde pasa a las aguas subterráneas y a las superficiales, procede de los residuos generados en la producción de insecticidas durante los años 50. Cuando se restringió el uso del lindano en los años 70 y se cerró la explotación, el suelo no fue descontaminado.

Tras conocerse que parte de la zona contaminada había quedado al descubierto con motivo de unas obras en la red de saneamiento municipal, el Defensor abrió en mayo del año pasado una actuación de oficio ante la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia y ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para conocer la dimensión de este problema y las medidas adoptadas por las Administraciones.

De la información recibida de la Xunta, se concluye que la Administración conoce la existencia de contaminación de suelo y aguas por lindano al menos desde 1992 y, sin embargo, el problema aún no se ha resuelto.

Aunque el Defensor del Pueblo reconoce que “la Xunta no ha permanecido inactiva” y que se han adoptado medidas en coordinación con el Ayuntamiento de O Porriño, la Confederación Hidrográfica y la Dirección General de Salud para evitar riesgos para la salud humana, “el tiempo transcurrido desde que se detectó el problema requiere poner en marcha los mecanismos previstos en la ley para abordar la descontaminación de suelos”, y que “compete principalmente a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”. Por todo ello, el Defensor ha pedido a la Xunta que declare “suelo contaminado” los terrenos afectados.