Manifestó que estas infracciones serán sancionadas con los baremos más altos contemplados en la normativa, según fijará una instrucción de la Dirección General de Juego. Estas sanciones alcanzarán los 9.000 euros por menor y podrían acarrear incluso la suspensión de la actividad de los locales durante seis meses. En caso de reincidencia, las infracciones se catalogarán como muy graves y las suspensiones podrían extenderse a cinco años.

Rollán declaró que esta iniciativa se suma a las medidas contempladas en el nuevo decreto del Juego, que el Consejo de Gobierno acordó hoy remitir a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Una que vez que esta comisión analice el texto lo devolverá al Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de un mes, para proceder a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Asimismo, detalló que el decreto fija una distancia mínima de 100 metros entre los locales de apuestas y los centros educativos de enseñanza no universitaria, además de refuerzan los controles y las sanciones para evitar el acceso a estos locales y salones de juego tanto de los menores de edad como de las personas inscritas en el registro de prohibidos.

Además, indicó, aumentan los controles de acceso a los salones de juego y locales de apuestas, en línea con lo establecido para los casinos y bingos de la región. Para ello, añadió, estos establecimientos tendrán que habilitar un servicio físico de admisión y registro en la entrada.

Los propietarios de estos negocios tendrán un plazo de seis meses para acondicionarlos para tal fin, período que se podrían ampliar a tres meses más si hay que proceder a reformar el local.

El nuevo decreto también impedirá la rotulación de salones de juego y locales de apuestas con modalidades de juegos no autorizados en los mismos, como casinos, ruleta, etc.

La nueva normativa incluye, además, otros aspectos de cara a aumentar la seguridad y la protección a los menores. Rollán dijo que se ha modificado la regulación de la exclusión de las máquinas con juegos infantiles o deportivos que conceden vales, fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir aquellas que presenten una apariencia similar a las máquinas de juego para adultos.

REFUERZO DE INSPECCIONES

El nuevo decreto establece, además, que el 0,7 % de la recaudación impositiva procedente del juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de ludopatía por parte de la Administración regional.

Este porcentaje puede suponer alrededor de 1,2 millones de euros anuales. Manifestó que todas estas medidas se complementan con un incremento de la plantilla de inspectores de juego de la Comunidad de Madrid con tres nuevos puestos que se convocarán próximamente para su provisión.