La Fiscalía entiende que siguen existiendo “indicios racionales” de la comisión de delitos graves por parte de Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sànchez por lo que no decaen las razones que justificaron su situación de prisión provisional. Para el Ministerio Público el mantenimiento de la prisión preventiva de los cinco procesados que solicitan la libertad es “razonable y proporcionado”, ya que concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello, algo que, recuerda, “no implica una vulneración del derecho fundamental a un juicio justo”.

La Fiscalía argumenta que el juicio oral “está consolidando las pruebas de la participación de los procesados” en los delitos de rebelión y malversación y su prisión provisional pretende garantizar el “normal desarrollo del proceso” y el “aseguramiento de la presencia” de los procesados en el juicio. Estas circunstancias, a juicio del Ministerio Público, se encuentran “fuertemente condicionadas” por la “gravedad” de los delitos que se les imputan y la “importancia” de las penas.

APOYO DE "GRUPOS AFINES"

Así, continua el escrito, el riesgo de elusión de la justicia persiste en los procesados, a pesar de la existencia de “vínculos personales, patrimoniales y políticos” que, a su juicio, “haría difícil y penosa la huida”. Sin embargo, para la acusación pública es “notorio a través de los medios de comunicación” que tienen el respaldo de una “estructura organizativa y grupos afines” que aportarían “los recursos económicos necesarios para la subsistencia fuera de España”, tal y como sucede, apunta con “Carles Puigdemont, Marta Rovira, Clara Ponsatí y Lluis Comín” en situación de rebeldía.

Por este motivo, la Fiscalía desaconseja la puesta en libertad de los procesados “mucho más cuando nos encontramos en medio del juicio oral”, algo que “no solo mantiene, sino que incrementa el peligro de fuga inicialmente apreciado”. Asimismo, el Ministerio Público recuerda que todos ellos son los líderes del denominado ‘procés’ cuya continuación es “reclamada por ciertos sectores”, lo que sugiera la “alta probabilidad de reincidir” en la comisión delictiva

Respecto a Turull y Rull, en concreto, la Fiscalía hace referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del caso Selathim Demirtas contra Turquía, para recordar que la situación de prisión provisional de un diputado o candidato a serlo no entraña ‘per se’ vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), siempre que exista una limitación de la duración de la medida de prisión y se garantice el derecho de recurso.

Finalmente, concluye el escrito, es “claro” que los derechos de defensa de los procesados no quedan perjudicados por la situación de prisión provisional, “Mucho menos después de que hayan declarado en el juicio oral” y de la “permanente” comunicación con sus letrados.