Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y la número tres por Madrid de Ciudadanos y activista contra la discriminación del pueblo gitano, Sara Jiménez, consideraron que ya están garantizados en la Carta Magna.

Así lo expresaron las cuatro durante un encuentro organizado por la Plataforma del Tercer Sector para debatir sobre las propuestas electorales de los cuatro partidos respecto a sanidad, integración de inmigrantes, discapacidad, inclusión, pobreza, etc., moderado por el director general de la agencia Servimedia, José Manuel González Huesa.

Según Carcedo, la Constitución reconoce los derechos sociales en sus artículos 40 y 41, pero lo hace en distinto grado. Algunos como la sanidad y la educación disponen de mayor protección, prosiguió, y los demás derechos sociales (los que se refieren a infancia, vivienda, discapacidad, personas mayores...) "son principios orientadores de la política económica", pero no se pueden reclamar ante la justicia.

Por ello, "pensamos que es necesario reforzar la protección (legal) de estos derechos y equipararlos al nivel de los derechos fundamentales", cuyo cumplimiento se puede exigir mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Carcedo admitió que esta reforma "requiere un amplio consenso, pues se refiere a la parte más blindada de la Constitución", cuya reforma exige el apoyo de dos tercios de las Cámaras y su posterior aprobación en referéndum. De esta forma, "se mejoraría su protección y se evitaría que las circunstancias económicas puedan ponerlos en riesgo", concluyó.

La misma idea expresó Pilar Garrido, quien achacó el menor desarrollo de este tipo de derechos en la Constitución al momento en que esta fue aprobada y al retraso en la implantación del Estado del bienestar en España.

De ahí su propuesta para igualar su consideración a la de los derechos fundamentales, algo que "inevitablemente" pasa por proprocionar recursos que garanticen su desarrollo. "Es esencial fijar un suelo económico para disponer de una salud y una educación de calidad", señaló. A su juicio, esto resulta "especialmente urgente en el caso de la vivienda", "pues sin inversión en un parque (de viviendas) público no hay manera de ofrecer este derecho".

Por su parte, Cuca Gamarra afirmó que "la Constitución con que nos dotamos en 1978 ya garantiza estos derechos", que están bien "recogidos" y expresados.

En su opinión, la Carta Magna debe entenderse "como fuente de consenso" y no precisa una reforma en este terreno.

Para Sara Jiménez, los derechos sociales están ya contemplados en la Constitución y no creyó conveniente equipararlos a los derechos fundamentales. Sí consideró importante "revisar uno a uno" estos derechos, para "ver si en ciertos casos hay algo que mejorar".

Como ejemplo citó el artículo 49 sobre las personas con discapacidad, que a su juicio "ya debería haberse modificado" (la reforma se inició en la presente legislatura, pero decayó por la disolución de las Cámaras).

En líneas generales, las cuatro políticas se comprometieron a desarrollar las leyes del Voluntariado y del Tercer Sector, así como a buscar financiación para las ONG que integran este último.

Gamarra y Jiménez también anunciaron medidas de fomento de la responsabilidad social de las empresas mediante deducciones fiscales a las inversiones en proyectos sociales.

El acto fue presentado por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien exigió a las fuerzas políticas "un compromiso real con las personas", sus necesidades y con las ONG que integran la plataforma. Los cinco destacaron que hoy se celebra el Día internacional del Pueblo Gitano, cuya integración y promoción también defendieron.