Carcedo realizó estas declaraciones durante un encuentro organizado por la Plataforma del Tercer sector, en el que esta entidad presentó sus propuestas electorales y debatió sobre sus programas con las responsables de Sanidad, Integración e Inclusión social del PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos.

Según Carcedo, la Constitución reconoce los derechos sociales en sus artículos 40 y 41, pero lo hace en distinto grado. Algunos como la sanidad y la educación disponen de mayor protección, prosiguió, y los demás derechos sociales (los que se refieren a infancia, vivienda, discapacidad, personas mayores...) "son principios orientadores de la política económica", pero no se pueden reclamar ante la justicia.

Por ello, "pensamos que es necesario reforzar la protección (legal) de estos derechos y equipararlos al nivel de los derechos fundamentales", cuyo cumplimiento se puede exigir mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Carcedo admitió que esta reforma "requiere un amplio consenso, pues se refiere a la parte más blindada de la Constitución", cuya reforma exige el apoyo de dos tercios de las Cámaras y su posterior aprobación en referéndum. Pero insistió en que de esta forma "se mejoraría su protección y se evitaría que las circunstancias económicas puedan ponerlos en riesgo".

REGLAMENTOS PENDIENTES

La ministra, que también es la secretaria federal de Sanidad y Consumo de la Ejecutiva del PSOE, prometió aprobar los desarrollos reglamentarios de las leyes del Tercer Sector y del Voluntariado, y trabajar para que la financiación del Tercer Sector "se estabilice".

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que indicaba que la recaudación para fines sociales a través del IRPF correspondía en un 80% a las comunidades autónomas, hubo "una gran conflictividad" que generó desigualdades y algunos problemas para la continuidad de ciertos programas, según dijo.

En este sentido, opinó que la implantación de una casilla de fines sociales en el Impuesto de Sociedades "es una posible solución al sistema", que ya está en práctica.

Finalmente, Carcedo pidió acabar con el copago sanitario, pues tras los recortes de 2012 "un millón y medio de personas tienen problemas para acceder a los medicamentos". A su juicio, "España es uno de los países más saludables del mundo" y el acceso a su sistema sanitario "es muy equitativo". Las desigualdades socioeconómicas se hallan sobre todo en el acceso a medicamentos y en las políticas de salud pública (hábitos saludables, dieta, práctica de ejercicio físico...), concluyó.