Esto supone que el número de afectados se duplicará, apuntó Unicef en referencia a los niños desarraigados de Venezuela, a los que regresan y a los que están viviendo en comunidades de acogida y de tránsito.

Por eso, hizo un llamamiento a los gobiernos de la región para que defiendan los derechos de todos los niños, incluidos los migrantes y refugiados, y garanticen su acceso a servicios esenciales.

Según prevén las agencias humanitarias, más de 4,9 millones de personas en toda la región –incluidos Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago- necesitarán ayuda este año debido a las condiciones políticas y económicas en Venezuela.

PREOCUPACIÓN

María Cristina Perceval, directora regional de Unicef para América Latina, considera "alentador" el esfuerzo de los gobiernos para buscar soluciones regionales conjuntas a los retos que plantea la migración a gran escala, ya que están en línea con los estándares internacionales y las leyes nacionales, como el protocolo adoptado por Ecuador para proteger a los niños desarraigados.

No obstante, expresó su "especial preocupación" por las informaciones de xenofobia, discriminación y violencia contra los niños y familias venezolanas en comunidades de acogida.

Sin embargo, dado que la crisis en Venezuela continúa y el número de migrantes venezolanos en la región sigue aumentando, servicios esenciales como protección, atención sanitaria y educación en los países de tránsito y acogida "sufren una sobrecarga adicional", agregó.

Según Unicef, los niños desarraigados y sus familias afrontan dificultades a la hora de regularizar su estatus migratorio, y esto puede afectar a su acceso a protección social, atención sanitaria, desarrollo infantil temprano, educación, protección y medios de vida sostenibles. Además, agregó, la falta de políticas públicas integrales en las comunidades de acogida está poniendo a los niños en un mayor riesgo de sufrir discriminación, violencia, separación familiar, xenofobia, explotación y abuso.