A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo subrayó que "estos castigos constituyen tortura -que el Derecho Internacional prohíbe de manera absoluta- o penas crueles, inhumanas y degradantes".

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez subraya que "la decisión de Brunéi es contraria a las obligaciones contraídas por ese país en materia de derechos humanos, en particular a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada por Brunéi en 2015, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas".

Por todo ello, España insta a Brunéi a "respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos mediante la retirada de estos preceptos del Código Penal y a seguir aplicando la moratoria en la pena de muerte".