Así lo afirmó Acnur con motivo del Día Internacional de información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, que se conmemora el próximo jueves, cuando se cumplirán veinte años de la adopción de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, también conocida como la Convención de Ottawa.

Según Acnur, es urgente tomar conciencia de la terrible amenaza que suponen las minas, los restos bélicos y los explosivos improvisados en Ucrania. De acuerdo con el último informe anual de 'Monitoreo de Minas Terrestres', de 2018, Ucrania se situó en el tercer puesto a nivel mundial respecto al número de víctimas, sólo por detrás de Afganistán y Siria.

En el este del país, la contaminación con minas terrestres afecta a más de dos millones de personas, lo cual limita la libertad de movimientos y representa una grave amenaza para los civiles que cruzan la línea de contacto entre las zonas controladas por el Gobierno y bajo control no estatal.

Las autoridades nacionales ucranianas calculan que unos 7.000 kilómetros cuadrados en las áreas controladas por el Gobierno en Donetsk y Luhansk se encuentran contaminadas por la presencia de minas, pero no está claro en qué medida. En las áreas no controladas por el Gobierno se entiende que la situación es aún más grave.

Por ello, es "imprescindible que el Gobierno, las organizaciones humanitarias y todas las partes en el conflicto amplíen su ámbito de acción contra las minas en Ucrania", indicó Acnur. Denunció que, como ocurre en otros lugares del mundo, "son los civiles quienes se encuentran especialmente expuestos", y destacó que además de los peligros a los que se enfrentan aquellos que huyen del conflicto, la presencia de minas también plantea serios problemas para las personas refugiadas y desplazadas internamente de cara a un posible regreso a sus hogares.

Por otro lado, resaltó que la presencia de minas y munición sin explotar hace muy difícil, o incluso a veces imposible, la reparación de infraestructuras críticas que han resultado dañadas por los bombardeos, como las estaciones de bombeo de agua que proveen de agua a miles de personas en el este de Ucrania. Además, la contaminación con minas terrestres también perjudica la capacidad de subsistencia de la población que depende de la agricultura, y dificulta el acceso a centros educativos y sanitarios.

RECOMENDACIONES

No obstante, la Agencia indicó que el Gobierno ha emprendido algunas medidas positivas al adoptar la Ley de Acción contra Minas de Ucrania, que entró en vigor el 25 de enero, así como un conjunto de normas nacionales de acción contra minas para las organizaciones que se dedican a su remoción, que entró en vigor el 1 de abril, y que parte de las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, es preciso disponer de una financiación adecuada para que se puedan poner en marcha estas disposiciones legales.

Acnur insistió en la importancia de ampliar el alcance de la asistencia a las víctimas de minas para asegurar una cobertura integral a todas ellas, en línea con la política de las Naciones Unidas sobre asistencia a las víctimas de minas. Actualmente, en el marco de la Ley de Acción contra Minas de Ucrania, solo los menores de 18 años tienen derecho a asistencia económica. Acnur recordó que la política de las Naciones Unidas recomienda que la asistencia a las víctimas de las minas terrestres incluya la recopilación de datos, atención médica, rehabilitación física y de otro tipo, incluida la atención psicosocial.

Como medida preventiva, Acnur reclamó que todos los niños y adultos en el este de Ucrania reciban formación para identificar minas terrestres y residuos bélicos explosivos, y que se les enseñe a evitar o a minimizar los riesgos.

Los socios de la acción humanitaria contra las minas en Ucrania comenzaron a contratar y formar a mujeres para puestos de desminado y, a finales de 2018, aproximadamente el 20% del personal de desminado eran mujeres. Muchas de ellas provienen de aldeas contaminadas por minas y están trabajando para mejorar la seguridad y el futuro económico de sus propias comunidades.