El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la nación, al Gobierno de La Rioja y a su Parlamento para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.

Los recurrentes resaltan que la ley plantea obligaciones en la relación con los

animales que no se conocen en el trato con las personas. Consideran que la ley autonómica impugnada puede vulnerar, entre otros derechos, la dignidad de la persona, la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión y de producción y creación literaria y artística.

Además, entienden que invaden las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación civil, de bases y coordinación general de la planificación general de la actividad económica, entre otras.

La Ley de Protección de Animales de La Rioja está en vigor desde el 30 de noviembre de 2018 y es de obligatorio cumplimiento. Afecta a diferentes colectivos como propietarios, cazadores, veterinarios, ayuntamientos y otras instituciones públicas.

La norma prohíbe cualquier mal trato a los animales, al igual que el mal cuidado o la desatención y el abandono en espacios tanto cerrados como abiertos. Tiene capítulos dedicados a los aspectos higiénicos que deben cumplir las instalaciones donde viven y la protección frente a inclemencias del tiempo. Esas condiciones incluyen dimensiones y condiciones de los habitáculos.

Prohibe expresamente tenerlos atados, las mutilaciones, corte de uñas, cuerdas vocales u otros órganos y aquellas que tenga sólo una motivación estética. También establece las condiciones sanitarias de la alimentación de los animales y prohíbe usarlos como regalo o reclamo publicitario o someterlos a trabajos inadecuados.