El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que destacó que Delgado resaltó la “especial dureza de la represión” que sufrió Córdoba en los albores de la guerra civil española, “cuando bastaba con ser jornalero, haber tenido actividad sindical o haber reivindicado la reforma agraria para sufrir represalias o incluso ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.

El alcalde de Córdoba de la época, Manuel Sánchez Badajoz, fue asesinado junto con 19 concejales y hasta 60 funcionarios municipales. Este ejemplo le sirvió para subrayar “sólo en Andalucía hay más desaparecidos que en Argentina, Chile y Guatemala juntos”.

De las 4.000 personas que se calcula que fueron asesinadas en Córdoba, 1.689 están sin identificar y fueron arrojadas en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. Hasta esta última se acercó Delgado con el fin de visitar los trabajos de exhumación que se están realizando en la misma.

La ministra defendió el derecho que asiste a estas víctimas “a ser legítimamente reconocidas como tales, ya que mantener su memoria, además de ser un tributo, resulta la mejor arma del Estado democrático frente a la violencia irracional e incomprensible”.

También incidió en “la obligación moral que asiste al Estado democrático de rescatar de la memoria el genocidio franquista, sacando a sus víctimas del olvido” y rechazó que exista “ningún ánimo de capricho, revancha o búsqueda de réditos electorales, porque incluso organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa han exigido la reparación de las violaciones cometidas contra los derechos humanos en aquellos años”.

En 2019 el Gobierno ya ha concedido un total de 269 declaraciones de reparación y reconocimiento personal a represaliados de la guerra civil y la dictadura.