El testigo explicó que inicialmente investigaron "el desarrollo de la competencia estatutaria para tener una estructura de Estado aprovechando el marco legal que da el Estatuto". En concreto, se centraron en la inversión de dinero público para desarrollar esas estructuras.

Citó entre otras acciones el registro del despacho de Josep Lluis Salvadó, donde se encontraron documentos en los que figuraban las previsiones para el 2 de octubre. Se trata de “medidas que ordena el Parlament al Ejecutivo y que son las que tenía Salvadó en su despacho: agencia tributaria, ciberseguridad, DNI catalán, fronteras, recaudación de IVA… Toda aquella infraestructura necesaria para que un Estado sea viable en el momento de la desconexión. Había también un inventario de bienes del Estado en Cataluña", explicó.

Baena señaló también que hallaron anotaciones sobre la presencia de observadores internacionales. "El apoyo internacional al proceso era una de las piedras angulares. Un Estado necesita ser reconocido", señaló.

A preguntas de la Fiscalía, el testigo confirmó la existencia de planes para crear una Agencia Tributaria propia e hizo un relato detallado de la investigación hecha al Centro de Tecnologías de Información de Cataluña (CTTI). Confirmó su papel decisivo y manifestó que "allí se albergaban software y programas para la desconexión y se invertía dinero público”.

En concreto, “descubrimos 15 aplicaciones ya en preproducción listas para ser activadas el 1 de octubre. Se desactivaron y eso provocó la aplicación del censo universal. Al hacer esa acción en el CTTI y tras los incidentes del 1 de octubre, cuando unos colegios abrieron y otros no, se provocó la activación del censo universal. (…) Fue una acción a nivel global; con Google sí conseguimos desactivar la vía, pero con Amazon fue imposible”, admitió.

El teniente coronel se refirió al papel de varias campañas impulsadas desde la Generalitat para contribuir a la organización del referéndum. Habló de la “crida”, una herramienta del Departamento de Trabajo, que se utilizaba para conseguir voluntarios. Esta herramienta se usó “para la movilización de voluntarios para el referéndum”, pese a ser “una competencia estatutaria” que se utilizó para enmascarar usos ilegales.

En relación a la campaña publicitaria 'Civisme', Baena explicó que el departamento de Presidencia pidió una ampliación presupuestaria urgente el 25 de agosto de 2017 que cifró en cerca de tres millones de euros y que la Guardia Civil investigó porque “nos sorprendió la urgencia".

También relató la investigación "exquisita" que la Guardia Civil hizo sobre los Mossos d´Esquadra por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. "La juez quería saber qué se había dicho en la sala de mando para extraer las valoraciones" sobre actuación del cuerpo autonómico durante el referéndum, explicó.

"Lo hicimos de forma exquisita, porque fue una actuación simultánea en todas las salas de mando", relató Baena, que indicó que se obtuvo "bastante material" con indicios sobre lo que ocurrió el 1 de octubre.