Así se manifestó durante su declaración ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del independentismo por la convocatoria y celebración del 1-O. El agente de la Guardia Civil, encargado del análisis de los correos de Forn, pero no de los del mayor de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, como aclaró, aseguró que “se denotaba una unidad de acción entre los responsables políticos del cuerpo y el mayor de los Mossos”.

En este sentido, rechazó que hubiese alguna instrucción para “minimizar riesgos”. “No recuerdo ningún correo del señor Forn en este sentido, exceptuando los relativos a los principios de actuación, conservar la convivencia ciudadana y evitar causar un mal mayor”, dijo.

El testigo destacó que “todos los oficios que respondían a la instrucciones de la Fiscalía eran remitidos a la cúpula política de los Mossos, es decir, el conseller Forn, el secretario general Cesar Puig y el director de la policía Pere Soler”. Para el agente, “era llamativo que en todas estas contestaciones también tenía participación la asesoría jurídica de la Dirección General de Policía”.

Además, explicó que tuvo conocimiento de las reuniones de los Mossos con la Fiscalía en relación al plan de actuación para impedir la celebración del 1-O porque Trapero envío una “nota informativa” a Forn informándole del contenido de las mismas.

En esta línea, agregó, “el mayor Trapero le envía un correo al conseller Forn sobre los principios de actuación de los Mossos”, en el que también “transcriben unas declaraciones del entonces fiscal general del Estado –José Manuel Maza- en Antena 3 en las que hacía mención a las posibles consecuencias del perjuicio al orden público”, así como “un comentario al artículo 20.5 CP, sobre el estado de necesidad, diciendo que hay que evitar un mal mayor”.

Por otro lado, el agente relató que Forn recibía por correo sus declaraciones en prensa y que “siempre que le preguntaban por cómo iba a afrontar el choque de legalidades” se refería al referéndum del 1-O “como una votación normal y totalmente legal, y en caso de que hubiese contradicciones no le cabía ninguna duda de que iba a prevalecer la legalidad catalana”. Sobre cuál iba a ser el papel de los Mossos en cumplimiento de la legalidad, para evitar un referéndum declarado ilegal, el testigo indicó que Forn “decía siempre que era consciente de que iban a llegar instrucciones en ese sentido, pero tenía también en cuenta que le iban a poner contra la pared, había que estudiar muy bien las instrucciones para no caer en la trampa y que, incluso, si había que buscar la cuadratura del círculo, es decir, mirar cómo hacer para no desacatar esos mandatos judiciales o del fiscal y por otro la celebración del referéndum, pues que habría que estudiarlas”.

Asimismo, el agente expresó que Forn reenvío una noticia a Trapero sobre unas supuestas declaraciones del conseller en relación a los Mossos, y “le dice que en ningún momento había dicho esas palabras”. Esto, agregó, “me chocó porque en las restantes no hizo comentarios sobre las mismas”. Tras la queja del abogado de Forn, Xavier Melero, el testigo subrayó que contaba aquello porque solo en esa ocasión el conseller se queja o se disculpa por una entrevista.

Otro de los correos sobre los que puso el foco el agente fue en el que Forn muestra “orgullo y emoción” por ostentar el cargo de conseller, “por lo próximo que estaba la celebración del referéndum ilegal del 1-O, y que aceptaba ese reto asumiendo todas las consecuencias”. Posteriormente, ante preguntas de Melero, aclaró que el orgullo que Forn expresaba en el correo era porque se trataba de un “momento trascendental para Cataluña”, en concreto, “un sueño que muchos tienen desde pequeños y que él iba a tener un papel relevante”.

Asimismo, el testigo expresó que participó en los análisis de las transmisiones de los Mossos, cuyos resultados, a su juicio, fueron “sorprendentes”, ya que había órdenes de que “fuéramos vigilados durante ese día (el 1-O) para saber cuáles eran nuestros movimientos y la dirección que tomábamos; incluso se llegó a dar el caso de seguir a convoyes nuestros, a pasar placas de matrícula para comprobar si eran efectivamente vehículos de Policía o de Mossos, y se decía por emisora, en algún caso concreto, que se enviaran fotos”.

LOS CORREOS DE BORRÀS

Durante la sesión también intervino el agente de la Guardia Civil que analizó los correos de la entonces consellera de Gobernación Meritxell Borràs. El testigo explicó que había “en total 13 correos” en relación a los votos de los catalanes en el exterior, ya que “su departamento se había hecho cargo de toda la legislación para implementar el voto de los residentes en el extranjero”. En concreto, apuntó, Joan Manuel Goméz era el encargado de llevar a cabo el proyecto. Asimismo, subrayó, que “en un primer momento iba en la conselleria de Borrás, pero Economía decidió dividirlo en otros departamentos”.

Para este trabajo, continuó, había “tres comités de expertos, entre los que se encontraba Borràs y personas de diferentes departamentos, tal como dice el informe”. Por el contenido de los correos, relató el agente, “el proyecto piloto no me queda claro que se haya llegado a realizar, pero según los correos hay una preparación y se había contactado con una empresa para realizar un contrato menor”. “No recuerdo si se llegó a ejecutar todo lo que ponía en el correo”, contestó el testigo ante la insistencia del fiscal Fidel Cadena sobre la existencia de un anteproyecto de ley de voto electrónico, pero concretó que había un documento de 170 páginas “con una memoria económica y unos plazos”.

Respecto a las asociaciones que apoyaban el proyecto “había una carta firmada por ANC Bruselas, Luxemburgo, USA y otras dos o tres asociaciones de catalanes en el exterior”, y “un correo en el que se preguntan si la impugnación del Gobierno de una serie de partidas presupuestarias iba a afectar al voto”. La conclusión, indicó, “era que no”, ya que “piensan que solo afecta al fondo de contingencia para convocar unas elecciones”.

Sobre este proyecto piloto de voto en el exterior, "también barajaban la posibilidad de implicar al departamento de Exteriores y que a la hora de costear la prueba piloto se repartiesen las partidas en función de lo que participase cada uno”. “Para el proyecto entiendo que se iba a utilizar como un censo electoral”, afirmó en relación al registro de catalanes en el exterior.

Posteriormente, ante las preguntas de la defensa, el testigo aclaró que los correos eran de 2016 y la prueba piloto de marzo de 2017, y que hubo un correo “que sienta las bases para una negociación con la Junta Electoral Central para llevarlo a cabo”. En cambio, rechazó recordar si el proyecto contaba con el voto favorable del consejo de garantías estatuarias.