Estas peticiones se enmarcan en el informe ‘100 Medidas de Apoyo a la Familia’, elaborado por la entidad con el objetivo de implantar una política “eficaz” que proteja a la familia en, al menos, las nueve áreas de actuación que menciona el documento, entre las que se incluyen propuestas dirigidas a las instituciones españolas y europeas que promuevan la cultura y vivienda digna, la libertad para tener hijos, la conciliación laboral y familiar, la estabilidad conyugal o la educación libre y que faciliten el pago de impuestos.

En cuanto al “derecho a la libertad para tener hijos”, el IPF propone la creación del “bono bebé”, que constaría de una ayuda de nacimiento de 1.500 euros y de un kit de aseo para el bebé. También insta a la derogación de la ley del aborto, “por su carácter absolutamente regresivo”, y que la Píldora del Día Después (PDD) necesite receta médica.

Entre las medidas también propone que los padres puedan inscribir en el Registro Civil a los niños fallecidos antes de nacer "con un documento que otorgará personalidad jurídica al hijo no nacido”.

Para promover el modelo familiar desde la instituciones, la entidad propone la creación de un Ministerio de la Familia, así como la promoción de un Pacto de Estado sobre la Familia y la obligación de que con cada ley se incorpore un informe previo “preceptivo de perspectiva de familia que analice cómo afecta a la familia dicha ley o medida”.

Asimismo, el Instituto de Política Familiar propone derogar la ley de violencia de género y la de 'divorcio exprés', por entender que recogen “muchos aspectos que son antifamiliares”, según afirmó el vicepresidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo, en la presentación del informe ‘Evolución de la Familia en España 2019’, el pasado mes de febrero.

“Tres palabras pueden definir la actuación de los poderes públicos a la familia en los últimos años: abandono, marginación e incluso, a veces, ataque”, señala el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, en el documento publicado. “Ha faltado voluntad política por parte de los políticos para ayudar a la familia”, denuncia.

En lo referente a la educación de los hijos, el IPF quiere que sea necesario un “consentimiento expreso” de los padres cuando se enseñe a los hijos contenido de valores “éticos, sociales o sexuales”. También destacan la necesidad de implantación del Cheque Guardería y del Cheque Escolar “universales por importe equivalente al coste real de plaza en centro público, permitiendo a los padres la elección real de centro, primando su decisión” sobre diferentes criterios.