Preguntado por la fiscal Consuelo Madrigal sobre si “la consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos", Martínez indicó: "De lo que tengo conocimiento es de que el ministerio solicitó que se personara en las causas penales para cubrir cualquier perjuicio a la hacienda estatal. El ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad. Lo que fuera la realidad material de los hechos...”, dejó en suspenso.

La fiscal preguntó al inicio de su interrogatorio sobre los mecanismos de control de los fondos de la Generalitat. El exsubsecretario explicó las motivaciones por las que Cataluña fue sometida a "acuerdos específicos de seguimiento ya en 2015” por la situación financiera de la Generalitat y su incapacidad de hacer frente a sus obligaciones de pago. "Se hizo una remisión de información más exhaustiva" que en otras comunidades por motivos "económicos", ya que la deuda de la comunidad estaba al nivel del bono basura.

Desde ese momento, el Gobierno de Cataluña debía mandar a Hacienda un certificado mensual con información presupuestaria con un nivel de detalle muy elevado y una calificación de que en este tipo de expedientes de gasto no se tenía conocimiento de que hubiera gastos "contrarios al ordenamiento jurídico".

Ese mecanismo funcionó así hasta el 21 de julio de 2017, momento en que la Administración central convirtió en semanal los controles sobre los expedientes de gasto para vigilar con especial cuidado los compromisos de pago con cargo a la partida presupuestaria “vinculada con la sentencia del Constitucional y que sería inconstitucional y nula” al estar relacionada con la celebración del referéndum.

Martínez Rico explicó a preguntas de la fiscal que tras la comunicación de la Generalitat del 13 de septiembre de 2017 de que no se iba a dar más información presupuestaria, "se denuncia a la fiscalía y se refuerza aún más el seguimiento presupuestario, con invocación del principio de responsabilidad del Estado, que actúa como último garante de la prestación de los servicios públicos y para garantizar que no había desvío de fondos públicos", ningún pago “contrario al ordenamiento jurídico".

La fiscal Consuelo Madrigal preguntó por si el sistema de certificaciones era infalible e impedía que se pudiera hacer algún gasto destinado a la celebración del referéndum. Según el exsubsecretario, esos certificados pretenden "una identificación presupuestaria y financiera de una realidad material, pero no son la realidad material de los hechos. Estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. La realidad material es mucho más compleja”.

Estos controles gubernamentales que son propios de la intervención "se limitan a temas financieros y presupuestarios. Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él, y quedaría al margen del control", reconoció el exresponsable de Hacienda.

Preguntado por el posible uso de dinero público para sufragar la campaña Civisme, el testigo explicó que "se requirió información para que aportase información adicional. El ministerio no estuvo conforme con la respuesta recibida y se denunció a la Fiscalía", al igual que ocurrió con los gastos del Diplocat o con gastos relacionados con el registro de catalanes en el exterior. Sin embargo, “no se llegó a ejecutar” la partida de Civisme.

"¿Se causó perjuicio a la hacienda pública estatal?", preguntó ya al final de su interrogatorio la fiscal. Antes de que Martínez Rico pudiera responder, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le frenó con el argumento de que es la sala la que debe concluir si hubo o no perjuicio a la vista de las pruebas. Tampoco permitió que el testigo se pronunciara sobre la entrevista del exministro Cristóbal Montoro al diario 'El Mundo' en la que afirmó que el referéndum no se había financiado con fondos públicos.