A este respecto, Domínguez, en unas jornadas organizadas por el Club Español de la Energía sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lamentó que “España nunca llegó a tiempo a las grandes transformaciones económicas en Europa”.

"Por primera vez tiene esa oportunidad”, reiteró el secretario de Estado, quien defendió que, "aunque hace unos años se cometieron algunos errores en ese camino, eso no significa que no podamos corregirlos y estar en la primera línea”.

Además, se refirió a la inversión adicional recogida en el plan, que es del orden de 200.000 millones de euros, de los que 80.000 millones, el 40%, serán destinados a nueva generación eléctrica, una cuantía que Domínguez considera que pueden asumir las compañías.

“Eso va a permitir reducir nuestra factura eléctrica”, destacó, por lo que añadió que una vez asimilado el plan será “obligatorio” estudiar y modificar el mercado y la fiscalidad del sector.

Sobre el resto de la inversión, señaló que el 14%, unos 28.000 millones, debe destinarse a las líneas y a las redes del sistema de distribución, cuantía que se podrá obtener de los ahorros logrados en la generación.

Por otro lado, otro 40% de la inversión se deberá destinar a mejoras para impulsar la eficiencia industrial y en los domicilios, donde jugará un papel el sistema público para ayudar y acompañar a los ciudadanos.

Según el secretario de Estado, este papel de la inversión pública puede suponer el 20% de la inversión adicional contemplada en el plan, unos 40.000 millones de euros que deberán ser aportados por todas las administraciones.

REFORMA FISCAL EQUITATIVA

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, destacó que el despliegue de las renovables y la digitalización de las redes supone “la mayor oportunidad de aportación a la industria y al empleo de los próximos años”.

En cuanto al plan, advirtió de que se debe buscar la solución óptima coste-beneficio para no perjudicar al consumidor potenciando a las energías más competitivas y dejando que funcione el mercado.

Además, pidió una reforma fiscal que “sea realmente medioambiental y reparta los esfuerzos de forma equitativa” porque sostuvo que “la mejor forma de dotar de señales económicas al consumo de las diferentes formas de energía es que incorporen en su precio el esfuerzo que se debe realizar por los objetivos de reducción de emisiones”.

Por último, afirmó que “es imprescindible” un marco regulatorio estable y predecible para que se puedan llevar a cabo esas inversiones previstas de más de 200.000 millones de euros y crear los 364.000 empleos estimados.